En el escenario político actual de México, la discusión sobre la inseguridad y la violencia se ha intensificado, especialmente tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente conferencia en Palacio Nacional. En este contexto, el debate gira en torno a las políticas de seguridad impulsadas por los gobernantes tanto del pasado como del presente. La presidenta no ha dudado en señalar que la responsabilidad por la inseguridad en el país radica en la administración del expresidente Felipe Calderón, mientras que, a su vez, ha buscado exculpar a su aliado político, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La retórica de Sheinbaum, si bien puede entenderse como parte de una estrategia política, plantea interrogantes sobre la interpretación de los datos de inseguridad en México. Según sus afirmaciones, la violencia que actualmente enfrenta el país encuentra sus raíces en la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón en 2006. Sin embargo, al manipular cifras y contextos, se corre el riesgo de desviar la atención de la realidad actual y la historia reciente de criminalidad. Las estadísticas revelan que, durante el gobierno de AMLO, se han registrado niveles alarmantes de homicidios, muchos de los cuales superan los índices de las administraciones anteriores.
El Informe sobre la Situación de la Inseguridad en México de diversas organizaciones civiles y gubernamentales, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), resalta que el número total de homicidios dolosos desde el inicio de la actual administración ha superado los 100,000. Esto incluye casos de feminicidios y otros delitos violentos que han causado una gran preocupación social. Esta realidad contrasta con el argumento de que el legado de Calderón es el único responsable de la crisis de violencia. La destitución de roles de responsabilidad y el juego de culpas entre administraciones no contribuyen a la construcción de propuestas efectivas que frenen la ola de violencia que azota al país.
En este sentido, los nuevos planes de seguridad anunciados por la presidenta para estados como Michoacán generan escepticismo entre los analistas y la población. La falta de estrategias sustentadas en una evaluación honesta del contexto histórico y actual puede llevar al fracaso de tales iniciativas. La interconexión entre política y narcotráfico, así como la corrupción institucional, requieren un enfoque multidimensional que trascienda las divisiones partidistas. Una política de seguridad exitosa debe reconocer errores pasados y presentes, y forjar un camino basado en la cooperación, la justicia social y la reconstrucción del tejido social.
Es fundamental que la narrativa en torno a la inseguridad se despoje de manipulaciones y simplificaciones. La interpretación de los datos debe ser una herramienta para superar el ciclo de violencia, no para perpetuarlo. Si el objetivo es realmente combatir la delincuencia y proporcionar seguridad a los ciudadanos, la presidenta Sheinbaum y su administración deben adoptar un enfoque más honesto e integrador, que reconozca la complejidad del fenómeno de la violencia en México.
A medida que la situación de violencia continúa afectando la vida cotidiana de millones, la expectativa de que la administración actual logre cambios tangibles en materia de seguridad dependerá de su capacidad para enfrentar no solo la herencia de Calderón, sino también los retos actuales de su propia gestión.
