Cada vez que surge algún comentario sobre injerencias extranjeras Sheinbaum se refugia en su ya recurrente frase: “a México se le respeta”, aduciendo que es un país soberano, sin embargo, en los hechos esa soberanía de la que tanto habla ha sido completamente vulnerada por ella misma.
Es entendible que sus conocimientos constitucionales estén limitados, pues sus estudios y actividad como científica no versan sobre las cuestiones jurídicas, sin embargo, para eso cuenta con asesores e inclusive, la Consejería Jurídica, a efecto de que las decisiones del Poder Ejecutivo estén siempre con un soporte apegado a derecho, a menos, que se lleven a cabo de manera intencional con conocimiento de causa.
Viene a colación el tema, en virtud de haberse registrado en últimas fechas algunos acontecimientos irregulares que a todas luces traspasan los límites de la Carta Magna: el arribo de un avión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Toluca, sin cubrir las autorizaciones necesarias; permitir los sobrevuelos de aeronaves norteamericanas en el espacio aéreo nacional y; llevar a cabo dos entregas de reos a los vecinos del norte sin ningún procedimiento legal, constituyen solo una parte pública que fue evidente.
En el asunto de las entregas, como justificación, argumentó que se trataba de una acción soberana y de seguridad nacional, sin embargo, cabe recordar la postura adoptada cuando detuvieron a Maduro, calificando el hecho contrario a la Carta de las Naciones Unidas, no obstante, aquí se decidió dárselos en charola de plata.
Cabe destacar que los servidores públicos tienen su rango se actuación regulado por la norma, es decir, solamente les está permitido hacer aquello que expresamente les esté conferido y, en el caso del Poder Ejecutivo, sus facultades se encuentran en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley fundamental.
Al respecto, en ninguno de esos apartados se faculta al Poder Ejecutivo a entregar sin proceso de extradición a personas que se encuentren procesadas en el país, menos aún, sin la participación del Poder Judicial, por lo que a todas luces esa acción es completamente contraria y violatoria de nuestra constitución.
Tampoco se trata de una defensa de los criminales expulsados, seguramente tienen méritos suficientes para ser juzgados en otro país donde se aplican las normas mejor que en México, no obstante, es un claro ejemplo, de que aquí no existe un verdadero Estado de Derecho.
Si desde las altas cúpulas del poder se transgrede el orden constitucional sin ningún recato y, a la vista de todos, que se puede esperar, sino una cascada donde cada servidor público a conveniencia haga lo propio, como prácticamente ya ocurre.
En esa tónica, cualquier persona puede ser expulsada y entregada a algún país extranjero sin garantía alguna al no mediar procedimiento que le conceda la garantía de audiencia; de legalidad y; seguridad jurídica, principios contenidos a favor de las personas que por el simple hecho de encontrarse en territorio mexicano les corresponde.
El resquebrajamiento del sistema constitucional mexicano ha comenzado, el lema de “nadie por encima de la Ley”, está pasando a la historia como letra muerta.
