- $1,074 millones: inversión del DHS en 11 propiedades o paquetes de almacenes.
- 7 de 11 inmuebles proyectos fueron descartados o redefinidos del plan original.
- Project Salt Box indicó que los 11 inmuebles: no operaban como centro de detención.
- La administración planeó alcanzar 100,000 detenidos: como capacidad simultánea.
La expansión de la capacidad de detención migratoria impulsada por el actual gobierno enfrenta una revisión de sus resultados operativos y económicos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió 11 propiedades o paquetes de almacenes por $1,074 millones con la intención de transformarlos en instalaciones para detener inmigrantes, siete proyectos ya fueron descartados, redefinidos o encaminados fuera del plan original.
El contraste entre la inversión y la capacidad habilitada está gravemente cuestionado. Project Salt Box indica que ninguno de los 11 inmuebles funcionaba como centro de detención a junio de 2026. Las miles de camas a incorporar a la red de ICE; enfrentaron tropiezos: ante la oposición de gobiernos locales, las compras fueron demandas, cuestionamientos ambientales, y problemas de infraestructura.
“Cuando una inversión de esta magnitud no se traduce en la capacidad de detención prevista, se impone examinar las consecuencias y el impacto contra los recursos públicos, y los daños a las personas inmigrantes en procesos de detención y a sus familias. Dijo el abogado Héctor Quiroga de inmigración. Quiroga Law Office, PLLC.
El caso Salt Lake City, Utah, cambió de rumbo. El DHS pagó $145 millones por un almacén de 833,000 pies cuadrados, para destinarlo a un centro de detención, pero fue demandado por la ciudad y el condado. El Gobierno informó al tribunal que el inmueble ya no tendría ese propósito, y ahora implica redefinir su destino con procedimientos federales de disposición.
Así mismo, en Maryland, una remodelación tuvo un costo inicial de $113 millones, con opciones de hasta $642 millones. En Arizona, otro acuerdo fue estimado en $313 millones, con un potencial cercano a $704 millones. En Romulus, Michigan, la iniciativa terminó en la venta. En Pennsylvania los problemas ambientales, de agua, y alcantarillado impidieron la transformación de 2 dos almacenes.
El desequilibrio entre precio pagado y las valoraciones inmobiliarias previas no justifican la conveniencia económica de las compras. Project Salt Box identificó en Socorro y Texas, que el DHS pagó $123 millones por 3 almacenes con valoraciones anteriores cercanas a $11 millones.
En Flowery Branch/Oakwood, Georgia, el pago fue de $68 millones con valoración previa de $400,000. Esto de por sí no es irregularidad, pero justifican examinar tales adquisiciones. La Oficina del Inspector General del DHS abrió una auditoría para determinar si ICE realizó las compras de manera costo-efectiva. El organismo aún no ha concluido que haya existido fraude, sobrevaloración o ilegalidad.
Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, “la adquisición de inmuebles debe evaluarse desde su utilidad operativa de detención, como por el uso responsable de los recursos públicos. Y si el DHS decide vender o transferir los inmuebles, deberá determinarse cuánto dinero puede recuperar frente a lo pagado y a los gastos adicionales comprometidos”. Además de la cuantificación de los daños infringidos a inmigrantes detenidos afectados y a sus familias, y las consecuencias laborales y económicas para los empleadores.
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