Sin poder precisar si Ayotzinapa es el único antecedente al actual conflicto magisterial, el gobierno federal está en un laberinto del que no sabe salir. Por no atender los problemas en sus inicios, éstos crecieron hasta parecer insalvables. Los servicios de inteligencia con que cuenta la Secretaría de Gobernación no previeron lo que sucedió ni tampoco fueron capaces de dar adecuado seguimiento a quienes causaron la desaparición de los 43 estudiantes cuyo fantasma le ronda hace ya casi dos años.
Por desidia, por interés político mal calculado o por incompetencia simple, un crimen que debió prevenirse o al menos resolverse en forma inmediata se convirtió en clamor nacional (e internacional) que sigue vigente. Como tantos otros problemas, cuando no se resuelven en un inicio, crecen hasta parecer insalvables.
De la misma manera el problema magisterial se dejó crecer desde hace más de tres décadas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) surgió en 1979 como disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el organismo gremial más grande de Latinoamérica. Al gobierno le pareció una cuña excelente para poder manipular al gremio. Diez años después de su fundación, Carlos Salinas lo usó para defenestrar a Jongitud Barrios como líder de la SNTE y desde entonces no ha dejado de fortalecerse con concesiones.
Estas ventajas, algunas conocidas y otras encubiertas, financiaron a los líderes de la CNTE hasta convertirlos en señores feudales en los estados del sur, por cierto los de mayor rezago educativo. Ellos deciden no sólo prebendas para sí y sus incondicionales, sino los medios de presión para conservarlos: suspensión de clases, bloqueos carreteros, asaltos a oficinas gubernamentales y negocios, etc. Los gobiernos estatales los han tolerado por miedo o por incapacidad cediendo facultades constitucionales.
Pero quienes más han sufrido con este comportamiento no son los gobiernos ni los comerciantes, han sido los escolares que, privados de los beneficios de la educación, durante años han tenido el peor nivel de todo el país. Los mal llamados «maestros del CNTE» han condenado a millones de niños a la miseria en que viven sus padres. Por décadas impartieron mini-clases de 3 días a la semana, insuficientes para un buen aprendizaje.
Pero la mini-jornada laboral no fue la única «conquista laboral» por la que luchan en forma activa, también pelean por sobresueldos sin reconocer que sus líderes reciben mensualmente más que ellos en un año, y por la administración de los recursos que debiera hacer cada gobierno local. Este dinero sirvió para pagar la organización de marchas, protestas y bloqueos, posiblemente no sólo para cuestiones magisteriales ni laborales.
Como ni los gobiernos locales ni el federal se atrevieron a hacer algo por largo tiempo, ahora el gobierno federal está obligado a decidir entre seguir fingiendo que manda en esos estados o va a proteger pacíficamente a la mayoría silenciosa que está despertando a exigir se cumpla la ley.
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