Bajo la premisa de reducir el costo de las elecciones —disminuyendo el financiamiento público a los partidos y al órgano electoral— y las posiciones plurinominales, se plantea una reforma electoral en México.
Aunque aún no se conocen los detalles de la iniciativa, se ha conformado una comisión para elaborar un diagnóstico sobre el modelo electoral y de partidos. Dicha comisión estará encabezada por Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y legislador plurinominal durante décadas.
Desde el anuncio en Palacio Nacional sobre el futuro envío de la iniciativa, han surgido cuestionamientos acerca de los efectos de eliminar las posiciones plurinominales. Incluso, figuras del partido oficial han expresado dudas. Por ejemplo, Ricardo Monreal señaló el pasado 29 de junio que esta medida podría excluir a las fuerzas políticas que ocupen el tercer lugar en una elección.
A esto se suman los llamados de exconsejeros electorales, quienes piden diálogo y consensos para lograr una reforma que fortalezca la democracia.
Todo parece indicar que la iniciativa se redactará sin la participación de partidos distintos al oficial. Incluso sus aliados electorales, el PT y el PVEM, no han sido convocados a la mesa de redacción. A esto se añade la acusación de Jorge Romero, presidente nacional del PAN, quien ha señalado que podría tratarse de un intento de imposición y que la iniciativa no busca fortalecer la democracia, sino acomodarla a los intereses del partido en el poder.
Este contexto está marcado por la polarización, un elemento que contamina el debate público, y por una mayoría legislativa del partido oficial en ambas cámaras. Esto le permitiría aprobar cualquier iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum.
Así, la principal justificación para la iniciativa será la reducción del presupuesto para partidos y organismos electorales, una propuesta que, en el imaginario popular, resulta atractiva y podría proporcionarle un amplio respaldo.
Sin embargo, en el debate actual no parecen discutirse otros riesgos de la propuesta de reforma electoral, como la posibilidad de que, al reducir el financiamiento público y eliminar las candidaturas plurinominales en favor de listas de representación, se facilite la entrada de dinero de empresarios o grupos delictivos, y se reduzca la representación política de ciertos grupos ideológicos.
El temor —fundado, por cierto— es que, tras las conclusiones de una comisión integrada por afines al régimen, se presente una iniciativa que no satisfaga a ningún partido político —empezando por los aliados electorales de Morena, quienes podrían modificar los términos en el legislativo— y que sea objeto de acusaciones de favorecer únicamente al partido oficial. Además, podría legalizar algunas prácticas que han sido criticadas en comicios recientes, como lo demostraron los «acordeones» en la pasada elección judicial.
Un peligro adicional es que, para reducir el costo de las elecciones, la autoridad electoral vea mermada su capacidad de fiscalización de los partidos, lo que podría relajar los controles y permitirles obtener financiamiento por vías distintas al dinero público.
Sin duda, nos esperan meses interesantes en el debate sobre este tema, quizá con resultados que pongan a prueba nuestra capacidad de asombro electoral.
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