Un reciente análisis de TResearch International sobre el robo de ganado en México, con cifras actualizadas a abril de 2025, revela una tendencia a la baja en las denuncias a nivel nacional que, a primera vista, podría generar optimismo. Sin embargo, al adentrarnos en los detalles, surgen matices que invitan a la cautela y a cuestionar la verdadera situación de seguridad para los productores pecuarios en el país.
Según el informe, entre 2015 y 2025, las denuncias por este delito han disminuido drásticamente en un 91%, pasando de 8,440 a solo 750 casos. Esta cifra, sin duda, es significativa y podría interpretarse como un éxito en las estrategias de combate a la delincuencia en el sector rural. No obstante, el mismo estudio advierte que abril de 2025 registró un ligero incremento del 3% en las denuncias respecto al mismo mes del año anterior, con 176 casos frente a 171. Este pequeño repunte, aunque marginal en el contexto decenal, enciende una señal de alerta sobre la posible persistencia de este flagelo.
Lo que resulta aún más preocupante es la concentración geográfica del problema. El 29% de los casos de robo de ganado registrados en lo que va del sexenio se concentran en solo tres estados: Tabasco, Veracruz y Estado de México. Esta focalización sugiere que, si bien la tendencia general es a la baja, existen «focos rojos» donde la delincuencia organizada o común sigue operando con impunidad, afectando directamente la economía de miles de familias dedicadas a la ganadería.
El informe detalla que Tabasco lidera la incidencia por habitante, con 38 casos por cada millón de habitantes, seguido de Aguascalientes (21) y San Luis Potosí (16). Estas cifras, aunque no tan elevadas en términos absolutos como las de los estados con mayor número de denuncias, revelan una vulnerabilidad per cápita que merece atención. Para los pequeños y medianos productores, la pérdida de una sola cabeza de ganado puede significar un golpe devastador a su sustento y patrimonio.
La disminución generalizada de las denuncias podría tener múltiples interpretaciones. ¿Refleja una verdadera contención del delito o, por el contrario, una creciente desconfianza por parte de los productores para denunciar, ante la percepción de ineficacia de las autoridades o el temor a represalias? En un país donde la impunidad sigue siendo un desafío, es crucial que las cifras no maquillen una realidad más compleja y dolorosa para quienes viven del campo.
Mientras el gobierno celebra los números a la baja, es fundamental que la ciudadanía y los afectados por el robo de ganado exijan una revisión profunda de las estrategias de seguridad en el ámbito rural. La aparente calma en las estadísticas no debe opacar la urgencia de atender las zonas donde la delincuencia sigue mermando el patrimonio de los productores y la estabilidad del sector agropecuario. La seguridad en el campo es un pilar para la soberanía alimentaria del país, y no puede ser un dato más en las ruedas de prensa.
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