Durante las últimas semanas, académicos y actores de la sociedad civil señalaron algunas fallas, omisiones y debilidades del dictamen de la nueva Ley General de Transparencia. Buena parte de estas observaciones fueron discutidas y bien atendidas por los senadores. Sin embargo, poco se ha discutido sobre los retos que establece la legislación para los organismos responsables de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información. El dictamen por aprobarse en el Senado establece competencias, asigna atribuciones, dota facultades, mandata la creación de lineamientos, ordena nuevos mecanismos de coordinación, entre otras funciones, a los órganos garantes de transparencia cada entidad. Todas estas tareas implican una reorganización legal, administrativa y una inversión financiera, la cual tendrá que implementarse en poco tiempo.
Aunque muchas de estas atribuciones ya son realizadas por los órganos garantes, la implementación de algunas otras representa grandes retos en términos presupuestales, humanos y tecnológicos. El estudio Métrica de la Transparencia 2014, realizado por un equipo de investigadores del CIDE, revela varios de estos desafíos que tendrán que ser solventados para cumplir con las disposiciones de la nueva ley.
Sólo por mencionar algunos: en términos financieros, los datos demuestran que la mayoría de los órganos garantes no reciben los recursos suficientes para cumplir con su mandato legal. De los 33 organismos protectores de la transparencia que hay en el país, para el ejercicio fiscal 2013, sólo ocho recibieron los recursos que solicitaron o —un poco más—. Es decir, 25 órganos garantes tuvieron que cumplir con sus funciones con presupuestos menores (en algunos casos significativamente reducidos) a los que fueron requeridos a las legislaturas locales. Con respecto a los recursos humanos, sin contar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en 75% de los órganos garantes del país laboran menos de 50 funcionarios. Aunque esta cifra podría parecer adecuada para varios de estos organismos, un análisis más minucioso revela que en áreas sustanciales, como las direcciones de capacitación y difusión, en promedio sólo trabajan entre 4 y 2 personas respectivamente.
En términos tecnológicos también existe un gran reto. La nueva ley establece la implementación de una plataforma nacional de transparencia, en la cual los sistemas de solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados tendrán que ser desarrollados por los órganos garantes. Este instrumento representa un enorme desafío ya que, a la fecha, una cuarta parte de las entidades del país no cuenta con sistemas tecnológicos de revisión de contenidos de solicitudes de información y/o de recursos de revisión. Estos y otros retos de la nueva Ley General de Transparencia pueden ser analizados con mayor precisión a la luz de los datos aportados por el estudio Métrica de la Transparencia 2014. Es de suma importancia que los gobiernos de los estados estén conscientes de estos retos y comiencen a diseñar planes y acciones que permitan el cumplimiento de las disposiciones del nuevo ordenamiento en la materia.
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