Por: Alejandro Diaz
El gobierno de la República hace un nuevo intento para retroceder al país medio siglo. Sin recato busca desechar los avances del país en los últimos 25 años sino también lo que pudo avanzar desde que se liberó de los gobiernos de la “docena trágica” (1970-82). En vez de llevar a México a nuevos niveles de bienestar, fortalece una dictadura incipiente.
No ve los avances que ha tenido México (y el mundo) en ese medio siglo en infraestructura, salud, educación y bienestar. Llegamos a una esperanza de vida de 78 años, una escolaridad de 10 grados y la población en miseria se redujo al 2.5%. Se logró exportar anualmente mercancías producidas con el trabajo de los mexicanos por un valor mayor a lo que todo el país generaba en 1970, por eso el PIB por cápita se multiplicó varias veces. Ciertamente aún hay desigualdades, como hay en la mayoría de países, pero estaban disminuyendo.
Construimos sistemas de salud y de educación de calidad en todo el país, llegando a poblados y colonias remotos. Al mismo tiempo se multiplicaron oportunidades de empleo y de capacitación, de agua potable y de drenaje en todo el país. Un esfuerzo de que llevó a México a ser un país moderno.
Una de las organizaciones que más contribuyeron a elevar el nivel de vida fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de llevar energía para unir al país. Una empresa pública necesaria porque no había interés de negocio en llevar electricidad a poblados remotos. Sin embargo, con el pasar de los años, el gobierno ya no pudo destinar presupuesto a Energía pues estaba obligado a cubrir necesidades más apremiantes en Salud, Educación y Seguridad.
Para dedicar recursos a esos rubros se permitió a la iniciativa privada construir generadoras para que, sin usar recursos públicos, la CFE llevara energía a empresas para crear empleos y para facilitar la vida de todos. Sin esa inversión hoy no habría suficiente energía en México. La mitad de lo que hoy se genera proviene de fuentes privadas, limpias, modernas, de precio accesible. Al mismo tiempo, la CFE sigue en 1982 con plantas obsoletas, contaminantes y de alto costo de operación.
Hasta hace un año había un procedimiento para utilizar las plantas eléctricas en función de sus costos de producción. Por eso daba prioridad a generadoras privadas y relegaba a las originales de la CFE. Cuando Bartlett se queja de ello con el presidente se emite un decreto para usar primero las de la CFE y complementar con las privadas. Las empresas privadas se inconformaron y advirtieron del mayor costo de generación y del aumento de la contaminación, pero el gobierno mantuvo su orden contraviniendo normas, lógica, ecología y economía.
Cuando se da el extenso apagón del pasado diciembre se dieron excusas. Culparon al incendio en un pastizal para luego echarle la culpa a la las fuentes privadas. A partir de ese momento comenzaron acusaciones de que éstas eran la ruina del sector eléctrico y que la CFE era una empresa para crear negocios de los privados. Finalmente, el primero de febrero el ejecutivo envió una iniciativa preferente para hacer ley ese decreto emitido un año antes. Como “preferente” debe ser discutida, y aprobada, ya.
Si se publica la reforma vendrá una cascada de demandas en tribunales, nacionales y extranjeros, porque es violatoria del artículo 28 constitucional y del nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC). Además llevará a un incremento de tarifas a pesar de lo que dice la iniciativa, y a una escasez de energía eléctrica en el corto plazo.
Mala señal a los inversionistas de todos los sectores, pues muestra la poca racionalidad del ejecutivo. Aumenta contaminación y costo, dificulta nuevas inversiones y genera indemnizaciones a pagar, mayores que las del fallido aeropuerto en Texcoco.
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