“Los ciudadanos del Distrito Federal ya no seremos ciudadanos de segunda”. “La Ciudad merece los mismos derechos que tiene el resto del país”. “Es urgente la creación del estado 32”. Hemos escuchado frases como estas durante casi dos décadas y es muy probable que hoy, finalmente, demos el primer paso para modificar la Constitución de nuestro país en materia del Distrito Federal.
Podría pensarse que tras varios años de foros, debates, iniciativas y negociaciones, el consenso alcanzado sería de una gran trascendencia. Sin embargo, no ha sido así. El resultado obtenido es el de una reforma posible que se encuentra lejos de la reforma deseable que se esperaba para la capital de México. En concreto, a esta reforma le falta federalismo y le urge ciudadanía.
A pesar de que se modificarán numerosos artículos de la Constitución para homologar al Distrito Federal con el resto de las entidades federativas, esto no es más que una simulación. Homologar términos no es federalismo. Ni la ciudad de México será el estado 32, ni las delegaciones serán municipios.
En esta reforma centralista ganarán poder y facultades el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa, y las perderán el Presidente de la República y el Congreso de la Unión. Hasta ahí podría verse bien. Sin embargo, las delegaciones únicamente serán rebautizadas y se denominarán “alcaldías”, pero la definición constitucional y su naturaleza jurídica serán exactamente los mismos que tiene el texto vigente: “órganos político administrativos” que no cuentan ni contarán con personalidad jurídica ni patrimonio propio.
Si alguien pensaba que esta reforma se enfocaría en resolver los problemas que vivimos en la ciudad de México se equivoca. Uno de los problemas más sensibles para los capitalinos ha sido el de la inseguridad. Y en este tema, el modelo de seguridad de la capital permanece intacto, plenamente centralizado e ineficaz.
Además, le urge ciudadanía a esta reforma. Parece que no hemos aprendido de las lecciones que dejaron las reformas estructurales: puede ser que funcionen y generen beneficios, pero carecen de respaldo social. Y para la reforma política del DF se hubiera esperado un paso adelante en participación ciudadana, en reconocimiento de derechos, en la creación de instituciones que brindaran verdadera voz y voto a los ciudadanos. Pero no fue así. Con esta reforma, las y los capitalinos no ganamos ni un solo derecho.
A pesar de estas carencias, mi voto será a favor de la reforma por tres razones principalmente: a) porque al igual que las otras entidades federativas, la ciudad de México merece tener su propia Constitución; b) porque la incorporación de concejales a las decisiones de las alcaldías dotará de pluralidad y transparencia a la representación partidista; y c) porque en las negociaciones se lograron introducir temas muy importantes que no contenía la propuesta original, como el robustecimiento de las facultades de las alcaldías y la composición de su presupuesto con los fondos y ramos federales que prevé la Ley de Coordinación Fiscal.
Estoy convencida de que la ciudad merece más, de que los gobiernos más cercanos a la gente son las delegaciones y que por ello requieren mayores capacidades. No basta cambiarle el nombre a las instituciones cuando se requieren verdaderas soluciones de fondo. Dados los consensos posibles, me resigno a un dictamen con avances insuficientes, pero al final del día, avances.
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