Después de anuncios, filtraciones y plazos ampliados finalmente comenzó a circular la iniciativa de Reforma Electoral presentada por el Ejecutivo federal. El discurso oficial la presenta como una modernización del sistema democrático y una forma de abaratar el costo de la política. Sin embargo, cuando uno revisa con cuidado el texto constitucional propuesto, aparecen señales preocupantes: cambios aparentemente técnicos que, en conjunto, modifican piezas sensibles del equilibrio electoral.
No se trata de ajustes administrativos o un debate presupuestario. Lo que está en juego son reglas que han dado estabilidad al sistema electoral mexicano y que fue construido durante décadas. Y lo más inquietante es que esta discusión ocurre prácticamente sin debate público.
Lo he señalado en otras ocasiones y lo reitero ahora: “se ha llevado a cabo un proceso de Reforma Electoral en lo oscurito”. No se ha convocado a especialistas, ni a autoridades electorales, ni a la sociedad civil. La discusión se ha limitado al gobierno y a su partido Morena, excluyendo incluso a sus aliados PT y PVEM cuando en realidad hablamos de las reglas que organizan la competencia democrática de todo el país.
EL ARGUMENTO DE “ABARATAR LA DEMOCRACIA”
La propuesta también sugiere cambios que se afirma ahorrarán tiempo administrativo, dinero y poder, mientras que en realidad tiene un impacto en la eficiencia del sistema. Por ejemplo, alteraría la fórmula para la disposición constitucional sobre el financiamiento público de los partidos políticos, que resultaría en una disminución estimada del 25% en los recursos destinados a su uso normal.
Reducir el gasto público en política puede sonar atractivo, pero conviene recordar por qué existe el financiamiento público: para limitar la influencia del dinero privado en las campañas y garantizar condiciones mínimas de equidad entre las fuerzas políticas. El régimen hace aún más vulnerable es sistema que ya se ha visto afectado con la participación del crimen organizado, que participa, financia y decide previo a la elección quien participa y quien gana.
Por eso conviene advertirlo con claridad: “a veces lo barato sale caro cuando se quiere reducir el costo de la democracia”.
La iniciativa también modifica el modelo de comunicación política. El tiempo en radio y televisión administrado por la autoridad electoral se reduciría en aproximadamente 17%. Este esquema fue construido precisamente para evitar que el acceso a los medios dependiera de la capacidad económica de los partidos o de sus candidatos.
Debilitarlo sin un diagnóstico serio puede abrir nuevamente la puerta a desigualdades que el sistema electoral mexicano tardó décadas en corregir.
APUNTES TÉCNICOS SOBRE LA REFORMA
Un análisis reciente de Integralia Consultores advierte que la iniciativa presentada hasta ahora corresponde únicamente a una reforma constitucional y que aún faltan las modificaciones a la legislación secundaria. Sin esos cambios legales, varios aspectos centrales de la reforma permanecen indefinidos, entre ellos la posible reconfiguración de la estructura del Instituto Nacional Electoral, los criterios sobre la asignación de diputaciones plurinominales y los mecanismos específicos de implementación de algunas de las nuevas reglas planteadas.
El reporte también señala que el calendario propuesto para aprobar los cambios es particularmente reducido, pues plantea que el Congreso de la Unión y los congresos estatales concluyan las reformas correspondientes antes del 15 de mayo de 2026.
Este plazo podría presionar la discusión legislativa hacia procesos acelerados y con poco margen de deliberación. Además, el análisis subraya omisiones relevantes dentro de la iniciativa, como la ausencia de mecanismos más robustos para enfrentar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y la falta de propuestas para atender problemas estructurales como la sobrerrepresentación legislativa o el transfuguismo parlamentario.
CONSTITUCIONALIZAR LO QUE DEBERÍA ESTAR EN LA LEY
Pero quizá uno de los aspectos más desconcertantes de la iniciativa es su tendencia a constitucionalizar asuntos que deberían resolverse en la legislación secundaria. El proyecto introduce en la Constitución disposiciones sobre inteligencia artificial en contenidos político-electorales, coordinación con autoridades de seguridad para revisar candidaturas o nuevas reglas de fiscalización financiera.
Muchos de estos temas ya están regulados en las leyes electorales o podrían incorporarse ahí con mayor precisión técnica. Llevarlos al texto constitucional no necesariamente fortalece el sistema; más bien corre el riesgo de rigidizar normas que deberían poder ajustarse con mayor rapidez conforme evolucionan la tecnología y las campañas políticas.
EL DEBATE QUE SIGUE AUSENTE
Y el verdadero debate está ausente.
Hace unas semanas presenté una iniciativa de ley que busca abrir una conversación muy diferente: que es establezcan evaluaciones técnicas obligatorias para registrar candidaturas para cargos de elección popular. Lo dije antes, y lo repito ahora: no se trata de restringir derechos políticos; se trata de asumir que gobernar y legislar conlleva deberes hacia las vidas de millones de personas.
No es un tema menor, pues debe ir de la mano de la nulidad de la elección o cancelación del registro como partido político cuando se acredite vínculos o financiamiento con el crimen organizado pongo el tema a colación porque, mientras se discuten cambios en financiamiento, propaganda, consultas populares o inteligencia artificial, nadie parece dispuesto a discutir la calidad de quienes compiten por el poder público. Y ese, en realidad, es uno de los grandes pendientes de nuestra democracia. Porque al final del día, más allá de las fórmulas electorales o de los porcentajes de financiamiento, la legitimidad del sistema depende de algo mucho más sencillo: que los ciudadanos confíen en que su voto cuenta y se cuenta bien. Esta debería ser la prioridad de cualquier Reforma Electoral seria.
“Queremos elecciones libres donde el voto cuente y se cuente correctamente”.
Cualquier otra cosa —cambios administrativos, recortes presupuestales, nueva tecnología o soluciones tecnológicas— necesita subordinarse a ese principio subyacente.
México puede discutir cambios a su sistema electoral. De hecho, es sano hacerlo. Las democracias se perfeccionan cuando revisan sus reglas. Pero una Reforma de esta naturaleza exige apertura, deliberación pública y diagnósticos concretos. Cuando estos elementos faltan, el riesgo es evidente: terminar reformando muchas normas… sin necesariamente fortalecer la democracia, no destruirla.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal.
@MarioVzqzR
