Ante el aumento de la pobreza en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuestionó los programas sociales impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo explicó que actualmente se destinan 273 mil millones de pesos para nueve programas sociales que son prioridad para el gobierno federal, sin embargo subrayó que es “insostenible” que con ese “esfuerzo económico” tenga como resultado el incremento en el numero de “personas en pobreza“.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que “3.8 millones de personas se sumaron a quienes tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y 2.1 millones pasaron a la pobreza extrema”, precisó la Coparmex.
También refirió que ninguno de los programas superó hasta ahora a Prospera que, según la Confederación, en 2018 llegaba al 18% de los hogares.
Señaló que la Pensión a Adultos Mayores alcanza al 15%, la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior y Educación Básica llega al 6% de los hogares y Jóvenes Construyendo el Futuro tan sólo al 1%.
“La política social debe dar un viraje para poner en el centro -no el reparto de transferencias- sino a las personas y sus necesidades. No habrá presupuesto que alcance si la apuesta es por la universalización y no por la focalización de apoyos”, aseveró la Coparmex en un comunicado.
Además, advirtió que hasta que no se mejoran las reglas de operación y se aseste por la transparencia de los programas sociales del presidente López Obrador, “los riesgos de su uso clientela crecerán”.
“Es falso que el 70% de los hogares mexicanos reciban un apoyo del gobierno, sólo 3 de cada 10 hogares en el país son beneficiarios de algún programa social”, agregó.
En este sentido, la Coparmex planteó diversos puntos para mejorar tanto la política social en el país para que su presupuesto “permita contrarrestar la pobreza”.
Entre los puntos destacó el llevar a cabo una selección objetiva tanto de personas como de hogares que son beneficiarios con los programas conforme a su condición económica, “sin intermediación de servidores públicos o actores políticos”.
Sugirió que debe existir coordinación interinstitucional con el objeto de que los apoyos se “correlacionen con la provisión de servicios educativos y de salud a los hogares más pobres”.
Además de una evaluación científica con metodologías rigurosas que estén a cargo de “entidades académicas independientes”.
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