La celebración organizada por Morena en el Zócalo de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 2025, con motivo de los siete años de la llamada Cuarta Transformación, ha generado un intenso debate sobre el uso de recursos públicos y la autenticidad del apoyo ciudadano. Según un informe del diario Reforma, el evento incurrió en un costo de 18.5 millones de pesos solo en logística, cifra que contrasta con el discurso oficial que enfatizó la espontaneidad y el respaldo orgánico de la población. Este gasto, financiado con fondos estatales, incluye aspectos como transporte, montaje de escenarios y seguridad, lo que ha avivado críticas sobre la coherencia entre las promesas de austeridad y las prácticas reales del gobierno.
Las posturas se dividen claramente. Por un lado, representantes de Morena y del gobierno federal, como la presidenta Claudia Sheinbaum, defienden el evento como una manifestación genuina de adhesión popular, con una asistencia estimada en 600 mil personas que refleja el éxito de las políticas transformadoras. En declaraciones oficiales, se argumenta que la movilización fue voluntaria, impulsada por el entusiasmo colectivo hacia logros como programas sociales y reformas estructurales, y que cualquier apoyo logístico fue mínimo y justificado para garantizar la inclusión de sectores marginados. Esta visión resalta el evento como un hito democrático, donde la ciudadanía ejerce su derecho a la expresión política sin coacciones.
Por el contrario, opositores y analistas independientes cuestionan esta narrativa, señalando evidencias de prácticas tradicionales de acarreo. Testimonios recopilados por medios como Latinus y Azteca Noticias revelan que sindicalistas y empleados públicos fueron obligados a asistir, bajo amenazas de sanciones laborales o pérdida de beneficios. Documentos filtrados muestran pases de lista y transporte organizado desde estados remotos, con incentivos como alimentos, souvenirs y hasta hospedaje en hoteles de lujo. Críticos argumentan que esto no solo contradice el principio de austeridad republicana, sino que erosiona la responsabilidad en el manejo de fondos públicos, desviando recursos que podrían destinarse a salud, educación o seguridad. Estimaciones independientes, como las presentadas en reportajes de ADN Noticias, elevan el costo total a alrededor de 250 millones de pesos, incluyendo transporte masivo y kits promocionales, lo que invita a la polémica al sugerir un derroche en un contexto de desigualdad económica.
Este episodio invita a reflexionar sobre la transparencia en eventos políticos masivos. Mientras algunos ven en el acarreo una herramienta legítima para amplificar voces subrepresentadas, otros lo interpretan como manipulación que perpetúa vicios del viejo régimen, cuestionando la autenticidad de la democracia participativa. La controversia se intensifica con acusaciones de extorsión laboral, donde sindicalistas reportan presiones para asistir, generando divisiones internas en organizaciones como la CNTE. En un panorama polarizado, este evento obliga a evaluar si tales prácticas fortalecen o debilitan la legitimidad del poder, fomentando un debate público sobre mecanismos de rendición de cuentas y el verdadero origen del apoyo ciudadano. A medida que emergen más testimonios, el gobierno enfrenta el desafío de reconciliar su retórica con la realidad fiscal, en un momento clave para la consolidación de su proyecto político.
