Por CENTRO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA (CIEP)
En un entorno de desaceleración económica global, con inflación a la baja y menores tasas de interés, el Paquete Económico 2025 propone reducir el déficit público con una proyección mayor de los ingresos y un recorte en el gasto.
Las disminuciones en el presupuesto asignado a educación, salud, cultura, infraestructura, primera infancia, medio ambiente, entre otros, muestran la necesidad de fortalecer los ingresos, seguir impulsando la eficiencia recaudatoria y mantener un manejo prudente de las finanzas públicas que ayude a reducir las desigualdades e impulsar el crecimiento y el desarrollo económico.
Costo financiero de la deuda exige responsabilidad fiscal
El costo financiero de la deuda pública en 2025 sería de 1.4 billones de pesos (3.8% del PIB). Este gasto refleja las altas tasas de interés actuales, aunque los CGPE 2025 proyectan una disminución hacia 2030. El saldo histórico de la deuda se mantendrá constante en 51.4% del PIB durante la década, mientras que el endeudamiento se reducirá de 5.9% a 2.9%, meta establecida para la consolidación fiscal, hacia 2027. Estas proyecciones resaltan la necesidad de implementar medidas fiscales que eviten trasladar mayores cargas a futuras generaciones, fomentar el debate sobre equidad intergeneracional y priorizar sectores clave en la asignación presupuestaria.
Proyección récord de ingresos tributarios; pero lejos del promedio de la región
Se estima que los ingresos presupuestarios sean 8.05 billones de pesos, con un incremento del 5.4% respecto de 2024. En específico, los ingresos tributarios alcanzarían los 5.29 billones de pesos, un crecimiento anual del 2.8%. Este monto representaría el 14.6% del PIB, la mayor participación de los ingresos tributarios en los últimos años. Sin embargo, esta cifra se mantiene por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe (21.5%). Sin embargo, los ingresos presupuestarios totales se han mantenido estables a lo largo de la última década, por lo que se evidencia la necesidad de implementar cambios que permitan incrementar la recaudación.
Menos ingresos petroleros por apoyos a Pemex
Los ingresos del sector energético crecerían un 7.8% respecto al año anterior, impulsados por un aumento del 7.2% en los ingresos de Pemex y del 15.7% en los de la CFE. Este incremento sería posible pese a la reducción en los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). Además, se implementará el Derecho Petrolero para el Bienestar, un nuevo esquema que simplifica la recaudación fiscal en el sector. Aunque estos ajustes podrían tener beneficios, es necesario un plan que garantice la sostenibilidad del sector y reduzca su dependencia de apoyos gubernamentales.
Presupuesto 2025 reduce inversión clave; prioriza deuda y pensiones
Se contempla un gasto total de 9.2 billones de pesos, de los cuales el 80% ya está comprometido en pensiones, transferencias y pago de deuda, dejando solo 1.7% del PIB para políticas públicas flexibles. Aunque se priorizan áreas como protección social, sectores clave como salud, educación, primera infancia y cuidados enfrentan recortes entre el 1.5% y el 10% respecto a lo aprobado en 2024, lo que compromete la cobertura de servicios básicos. Es crucial analizar cómo estas decisiones afectarán a las comunidades más vulnerables y el futuro económico del país.
Gasto en pensiones continúa en aumento; Mujeres Bienestar iniciará con 15 mil mdp
Con un incremento del 4.3%, se destinará 2.16 billones de pesos (6% del PIB) a pensiones, lo que equivale toda la recaudación de IEPS e IVA. Aunque las pensiones contributivas representan la mayor parte del gasto, las no contributivas, como la PBAM, enfrentan críticas por su distribución desigual, ya que benefician más a la población de mayores ingresos. El nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar contará con 15 mil mdp. Urge rediseñar el sistema para hacerlo justo, sostenible y capaz de equilibrar este gasto con otros derechos esenciales como salud y educación.
Recorte al sector salud refleja menos presupuesto para personas sin seguridad social
El sector salud enfrentaría un recorte de 113 mil 582.9 mdp, 11% en términos reales, respecto al monto aprobado para 2024, y se ubicaría en 2.54 puntos del PIB. Po lo que la brecha presupuestaria para avanzar hacia la cobertura universal se ampliaría. El gasto por persona con IMSS Bienestar se reduciría $1,400 y pasaría de $5,625 en 2024 a $4,225 en 2025. En cambio, los montos para personas con IMSS o ISSSTE tendrían aumentos y se ubicarían en $9,635 y $11,531. Estas diferencias no solo perpetúan las diferencias en la atención, sino que evidencian la necesidad de replantear la asignación de recursos para un sistema universal y equitativo.
Gasto de infraestructura con mayor reducción por ausencia de recursos a Tren Maya
El gasto de inversión pública proyectado es de 996 mil 914mdp; 14% menos respecto a 2024. Este recorte significaría regresar a los niveles de inversión de 2020. Los sectores prioritarios incluyen hidrocarburos, electricidad, hidráulico, transporte, educación y salud. Pese a la mención de continuación del Tren Maya, no se identifica el monto que se destinaría a este proyecto. La disminución del gasto de inversión podría limitar el crecimiento económico, alejando al país de las metas recomendadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la disminución de las brechas sociales.
Disminuciones para política energética y medio ambiente
Con 1 billón de pesos asignados, el sector energético presenta una reducción del 4.6% respecto a 2024 y del 33.6% en comparación con 2021. Se plantea fortalecer a la CFE con un incremento del 5.5% en su presupuesto, destinado a mejorar la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En cambio, Pemex contaría con un recorte del 10.5%. La reducción se concentra en el programa Proyectos de Infraestructura Económica de Hidrocarburos, con una caída del 18.9%.
Por otro lado, el presupuesto en medio ambiente enfrentará un recorte del 39.4%, afectando principalmente al sector hídrico, donde la CONAGUA sufrirá una disminución del 43.2%, poniendo en riesgo el acceso al agua de las comunidades más vulnerables. Estos ajustes plantean un reto en temas de transición energética y cambio climático.
Menos recursos para entidades y mayor centralización
El gasto federalizado proyectado para 2025 enfrenta una reducción real del 1.2% respecto a 2024. Aunque las Participaciones crecerán un 1.8%, las Aportaciones, que son recursos etiquetados para objetivos específicos, disminuirán un 4.6%, destacando el recorte del 42.5% en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Este cambio se traduce en una mayor centralización de recursos para el programa IMSS-Bienestar, limitando la capacidad de los gobiernos locales para diseñar y ejecutar políticas públicas en sus territorios.
Recursos para educación priorizan nivel básico y disminuyen a educación superior
El presupuesto educativo para 2025 disminuirá un 1.2% respecto a 2024, alcanzando su nivel más bajo como proporción del PIB desde 2013. Con la ampliación de la beca para educación básica Rita Cetina, los recursos tendrían un incremento del 51.6%; mientras que los niveles superiores, como educación superior y posgrado, enfrentarían recortes de hasta 16.1%. Esta asignación profundiza las desigualdades y limita el acceso a una educación integral. Es urgente garantizar una distribución equitativa del gasto en educación.
Sin recursos específicos para un Sistema Nacional de Cuidados
Se asignan 45 mil 810.4 millones de pesos a programas presupuestarios que tienen como objetivo la provisión de cuidado; una disminución del 1.9% real respecto a 2024. Este presupuesto incluye incrementos en programas como los Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE (+14.5%) y los Servicios de Guardería del IMSS (+3.7%), pero disminuyen 3.3% los recursos para acciones de cuidado a cargo del DIF nacional. Para garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad y avanzar en la redistribución del trabajo de cuidados, es indispensable fortalecer la inversión, la planeación y la coordinación interinstitucional.
Pensiones concentran recursos para la igualdad de género
Aunque el presupuesto total para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres alcanza los 508 mil 573.1 millones de pesos, equivalente al 5.5% del gasto público, el 52.5% se destina a pensiones. Este enfoque profundiza la desigualdad interseccional y limita los recursos para acciones que atiendan desigualdades estructurales. Es urgente transversalizar el gasto para garantizar oportunidades equitativas para todas las generaciones. Además, el presupuesto del INMUJERES muestra una disminución real del 4.8% en comparación con 2024, a pesar de que no se asignaron recursos específicos para la Secretaría de las Mujeres.
Un ajuste desigual
El Paquete Económico es el resultado de la ausencia de una reforma fiscal. Aunque se proyecta una recaudación récord como porcentaje del PIB (14.6%), el monto se mantiene por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe (21.5%). Además, existe incertidumbre por la evolución de la deuda pública, pues en las proyecciones no se considera la sostenibilidad fiscal, ni la equidad intergeneracional.
Las disminuciones en el gasto público profundizan las desigualdades entre la población y no garantizan derechos como el acceso a los servicios de salud; tampoco muestra estrategias específicas para disminuir el rezago educativo; no garantiza la creación de un Sistema Nacional de Cuidados; y tampoco incluye políticas específicas para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.
Deuda pública
Los tres componentes de la deuda pública —costo, endeudamiento y saldo— explican la sostenibilidad fiscal. En 2025, su costo financiero alcanzará el 3.8% del PIB, aunque los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) proyectan una reducción en las tasas de interés promedio, de 8.2% a 5.4%, hacia 2030. En total, el endeudamiento para 2025 representará el 3.9% del PIB, lo que implica una disminución de 2.0 puntos porcentuales respecto a 2024 de los RFSP, aunque superior a la meta del 3.0%. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se estima que se mantendrá constante en 51.4% del PIB, por encima de las previsiones de los Pre-CGPE 2025.
Se estima que el costo financiero aumentará un 7.9% en términos reales respecto a 2024. Este incremento continúa una tendencia de crecimiento observada en años anteriores: 11.7 % entre 2023 y 2024, 22.7% entre 2022 y 2023, y 11.5% entre 2021 y 2022. Sin embargo, según los CGPE 2025, para 2026 se proyecta una reducción del 13.7%, seguida de otra disminución del 10.3% para 2027.
El aumento en las tasas de interés y el déficit primario incrementaron la deuda en 4.6% del PIB entre 2023 y 2024, pasando de 46.8% al 51.4% del PIB. A pesar de lo anterior, se proyecta una estabilidad del indicador de la deuda durante el resto de la década. Sin embargo, los supuestos bajo los cuales se sustenta lo anterior no aseguran la sostenibilidad fiscal y la equidad intergeneracional en las proyecciones de deuda, especialmente considerando escenarios relacionados con las crecientes presiones del gasto público debido al envejecimiento poblacional y los compromisos financieros previamente adquiridos.
Ingresos presupuestarios
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2025 proyecta ingresos presupuestarios de
8.1 billones de pesos, equivalentes al 22.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento real del 5.4% respecto a 2024. Este aumento se debe principalmente a ingresos tributarios estimados en 5.3 billones de pesos (14.6 % del PIB), impulsados por medidas administrativas y el crecimiento económico. Se estiman ingresos petroleros por 4.4 % del PIB. Adicionalmente se propone elevar los ingresos no tributarios en 37.3% reformando la Ley Federal de Derechos (LFD).
Ingresos energéticos
Para 2025, se proyecta una producción promedio de petróleo de 1,891.0 miles de barriles diarios (mbd) y un precio de 57.8 dólares por barril (dpb). La ILIF anticipa ingresos petroleros de 1.1 billones de pesos, con un incremento del 4.4% respecto a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024. Este aumento se debe a un crecimiento del 7.2% en los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), compensado por una reducción del 3.4% en los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevé ingresos 15.7% superiores a los de 2024, lo que contribuye a un incremento general del 7.8% en ingresos energéticos. La propuesta incluye cambios fiscales, como el Derecho Petrolero para el Bienestar, que simplifica y unifica derechos existentes.
Gasto presupuestario
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 asciende a 9.2 billones de pesos, equivalente al 25.5% del PIB, con una reducción del 1.9% respecto a 2024. De este monto,
6.5 billones son para gasto programable, afectado por recortes del 3.6%, y 2.7 billones para gasto no programable, que aumenta 3.5 %. El espacio fiscal representa solo el 1.7% del PIB, debido a gastos ineludibles como pensiones y deuda. Las prioridades incluyen protección social (24.1%) y costo de la deuda (15.0 %), en contraste con reducciones significativas en salud (-34.0%) y educación (-1.5%). La falta de espacio fiscal y visión de mediano y largo plazo dificulta la implementación de políticas públicas esenciales y genera desigualdades persistentes.
Gasto en pensiones
El gasto en pensiones proyectado asciende a 2.2 billones de pesos, equivalente al 6.0% del PIB. Este gasto refleja un incremento real del 4.3% respecto a 2024. En 2025, las pensiones consumirían toda la recaudación por IVA e IEPS. Persisten desigualdades, como la brecha del 14.0% en los montos recibidos por mujeres frente a hombres y la concentración de recursos en sectores más ricos. Reformas urgentes deben garantizar sostenibilidad, reducir brechas de género y equilibrar el gasto con otros derechos esenciales.
Gasto en salud: recortes críticos
El presupuesto para el sector salud se reduciría en 113.6 mil millones de pesos, 11.0% en términos reales, respecto al monto aprobado para 2024, y se ubicaría en 2.5% del PIB, por lo que la brecha presupuestaria para avanzar hacia la Cobertura Universal en Salud (CUS) se ampliaría, ya que se requerirían al menos 3.5% del PIB adicionales. En términos per cápita, el recorte en el presupuesto para población con IMSS Bienestar se reduciría $1,400.0, pasando de $5,625.0 en 2024 a $4,225.0 en 2025; en cambio, las personas con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja- dores del Estado (ISSSTE) verían un aumento de 12.4% y 16.8%, respectivamente. Estas diferencias perpetuarían las brechas en la atención y en el derecho a la salud, ya que una persona con acceso a IMSS Bienestar tiene menos de la mitad de los recursos de una persona con seguridad social.
Gasto de inversión: efectos del recorte
El gasto de inversión propuesto es de 997.0 mil millones de pesos, equivalente al 2.8 % del PIB y al 10.8 % del gasto neto total; con una reducción del 14.0 % respecto a 2024. Del total, el 83.9 % sería destinado a infraestructura física, el 14.9 % a inversión financiera y el 1.2% a subsidios. Los sectores para priorización del gasto serían los hidrocarburos (25.6% del gasto en infraestructura física), transporte (15.3%), electricidad (7.4%), hidráulico (2.4%), salud (0.3 %) y educación (0.03%). El recorte a este gasto podría limitar el crecimiento económico, quedando por debajo del 4.0% del PIB recomendado por la CEPAL para los ODS. Además, incidiría en una menor generación de empleo y la reducción de desigualdades sociales y de género.
Gasto en energía y medio ambiente: prioridades divergentes
Para 2025, el presupuesto destinado a energía y medio ambiente refleja prioridades claras, aunque marcadas por recortes en algunas áreas. El gasto en el sector energético será de 1.0 billones de pesos, representando una disminución del 4.6% respecto a 2024 y del 33.6% en comparación con 2021. En contraste, la CFE recibirá un aumento del 5.5% en su presupuesto, fortaleciendo sus operaciones de generación, transmisión y distribución de energía. Por otro lado, el gasto en medio ambiente tendrá una reducción del 39.4%, siendo el sector hídrico el más afectado, con recortes de hasta el 43.2% en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que podría comprometer el acceso al agua de las comunidades más vulnerables.
Gasto federalizado: cambios en la distribución
El gasto federalizado proyectado en el PPEF 2025 es de 2.6 billones de pesos, cifra que representa una disminución real de 1.2% respecto a lo aprobado en 2024. Este monto equivale al 7.3% del PIB y al 28.5% del gasto neto total. Las participaciones aumentarían en un 1.8%. Destaca la reducción de 4.6% en las aportaciones, principalmente por un recorte del 42.5% en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyos recursos están siendo centralizados en el programa IMSS- Bienestar. Esta reconfiguración representa la política de centralización de recursos por parte del gobierno federal, en la que se está dejando de lado a los gobiernos subnacionales.
Gasto en educación: desigualdad creciente
El gasto educativo proyectado para 2025 ascendería a 1.1 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 1.2 % respecto a lo aprobado en 2024. Aunque el gasto educativo alcanzaría el 12.4 % del presupuesto neto total, su proporción respecto al PIB sería la más baja desde 2013. La distribución presupuestaria muestra un enfoque inequitativo, priorizando a la Educación Básica (EB), con un incremento del 51.6 % en la Beca Universal Rita Cetina, mientras se relegan la Educación Superior (ES) y Posgrado, con disminuciones estimadas en el gasto per cápita de 9.1 % y
16.1 %, respectivamente, en comparación con 2024. Estas disminuciones dificultarían el cierre de brechas de accesibilidad educativa y limitarían el desarrollo del capital humano.
Economía de los cuidados: brechas persistentes
La economía del cuidado es fundamental para reducir las desigualdades de género y mejorar el bienestar social. Aunque se asignan 45.8 mil millones de pesos a programas de cuidado (0.1 % del PIB, con una disminución del 1.9 % respecto a 2024), esta cifra sigue siendo insuficiente para establecer un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) eficaz. Si bien los incrementos en los programas de atención infantil del IMSS (3.7 %) y el ISSSTE (14.5 %) son significativos, contrastan con el recorte del 3.3 % en los programas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que evidencia la falta de una estrategia integral. La provisión de servicios se dispersa entre el IMSS, Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales (que concentran el 79.3 % del presupuesto). Las transferencias directas no garantizarán un acceso equitativo ni la calidad en los servicios. Para que el SNC se consolide, se requiere de una mayor inversión y de una corresponsabilidad efectiva entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad.
Perspectiva de género: retos en la transversalidad
En 2025, se asignan 508.6 mil millones de pesos a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo que equivale al 5.5 % del gasto total (1.4 % del PIB). Sin embargo, el 52.5 % de este presupuesto se concentra en pensiones, lo que restringe los recursos para abordar otras desigualdades estructurales. La falta de presupuesto para la Secretaría de la Mujer y la limitada transversalización del gasto reflejan desafíos importantes. No se avanzará hacia la igualdad sustantiva si no existe mayor enfoque en acciones estructurales, ejecución eficiente y políticas con perspectiva intersectorial.
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