El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enfrenta un complejo panorama de cara a las elecciones de 2027. La narrativa política que lo impulsó al poder, basada en la lucha contra la corrupción y la austeridad, se ve desafiada por una serie de escándalos que, si bien han sido denunciados principalmente por la oposición, captan la atención de la opinión pública. La pregunta clave es si estas controversias y la percepción ciudadana sobre el desempeño gubernamental se traducirán en un castigo en las urnas.
Fundado en 2014 como baluarte anticorrupción, el partido enfrenta ahora un cóctel tóxico: sospechas de corrupción, nexos con el crimen organizado, declaraciones incendiarias, turismo de lujo y una percepción creciente de negligencia gubernamental en salud, seguridad y economía. ¿Pagará Morena el costo electoral en las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y miles de cargos locales? La respuesta apunta a un sí rotundo, aunque matizado por la resiliencia de su base.
Tormenta contra los guindas
Diversos reportes periodísticos y declaraciones de partidos opositores, como el PAN y el PRI, señalan casos de presunta corrupción y vínculos con el crimen organizado en las filas de Morena. Estos señalamientos van desde supuestos desvíos de recursos y extorsiones, hasta la presencia de figuras políticas con nexos documentados con grupos criminales. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha abrazado el combate a la corrupción y la seguridad como banderas de su administración, la persistencia de estos casos genera un desgaste en la imagen del partido. La oposición, aunque fragmentada, ha intentado capitalizar estos escándalos para erosionar la popularidad de Morena y de la presidenta. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependerá de su capacidad para presentar una alternativa creíble y unida.
Los escándalos de corrupción han escalado rápidamente. Casos como el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco bajo Adán Augusto López Hernández (hoy líder de Morena en el Senado), revelan presuntos lazos con «La Barredora», célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bermúdez, prófugo, operaba supuestamente con mano de hierro en la policía estatal mientras dirigía actividades criminales, un patrón que se repite en estados como Sinaloa y Baja California, donde Morena ha sido acusado de pactos electorales con el Cártel de Sinaloa para victorias en 2021. Otro golpe: la «narcodiputada» Hilda Brown, sancionada por EE.UU. por blanqueo de dinero ligado a «Los Mayos» en Rosarito, con negocios en bares y bienes raíces que protegían cargamentos de droga. Estos no son aislados; involucran a 100 casos documentados de corrupción interna, desde contratos opacos en Segalmex hasta facturas falsas para campañas.
Las declaraciones cuestionables agravan el desgaste. Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, justificó su mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán argumentando que «no tiene que ser austero», contradiciendo el dogma de la «justa medianía». Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, tildó las denuncias de «campaña de desprestigio», mientras Sheinbaum defiende la unidad pese a salidas de tono que erosionan la credibilidad.
El lujo y el turismo opulento chocan frontalmente con la austeridad republicana. Andrés López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de Organización, gastó 47,000 pesos en una cena en Japón y 7,000 por noche en hoteles. Ricardo Monreal veraneó en el Rosewood Villa Magna de Madrid (25,000 pesos/noche), Mario Delgado en un hotel Michelin en Portugal, y Sergio Gutiérrez Luna en eventos VIP de Fórmula 1. Estos excesos, prohibidos en los estatutos de mayo de 2025, han viralizado en redes, alimentando memes y críticas.
Condena generalizada
Más allá de los escándalos de corrupción, la percepción ciudadana sobre el desempeño del gobierno en áreas clave como seguridad, salud y economía será un factor determinante. Encuestas y reportes indican que, a pesar de las cifras oficiales que reportan una disminución de ciertos delitos, una parte significativa de la población, especialmente en algunas ciudades, sigue sintiéndose insegura. De hecho, la percepción de inseguridad ha mostrado un repunte en los primeros meses de la nueva administración, lo que contrasta con la narrativa oficial de pacificación. Este sentimiento de vulnerabilidad, sumado a la preocupación por el sistema de salud y la situación económica, podría influir en el voto de los ciudadanos que, históricamente, priorizan estos temas al momento de decidir su sufragio.
El escenario para 2027 presenta múltiples variables que podrían incidir en los resultados. Si bien Morena mantiene una alta popularidad, según algunas encuestas, la reconfiguración política interna, la prohibición de la reelección para ciertos cargos y las disputas por las candidaturas podrían generar un «hervidero» interno que debilite al partido. Líderes del propio partido han advertido de una «disputa interna insalvable» que podría fragmentar a sus militantes, y algunos podrían buscar refugio en partidos aliados como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT).
La percepción pública es demoledora. Encuestas como la de Buendía & Márquez muestran a Morena liderando con 34-45% de intención de voto, pero con fisuras: el PAN retiene bastiones como Aguascalientes y Querétaro, donde encuestas de Massive Caller y Demoscopia dan ventajas panistas de hasta 20 puntos. El gobierno falla en prioridades: recortes del 12.2% en salud (81,300 mdp menos), dejando a IMSS-Bienestar con brechas para 53 millones sin cobertura; seguridad nacional pierde 15% (17,100 mdp), con homicidios estancados pese a operativos; y economía crece solo 2-3%, con inflación persistente y deuda superando inversión, salud y educación combinadas. La ENSU del INEGI revela que 70% percibe inseguridad en sus ciudades.
En conclusión, la posibilidad de un costo electoral para Morena en 2027 no es un hecho, pero sí un riesgo latente. Si los escándalos de corrupción y los presuntos vínculos con el crimen organizado continúan sin una respuesta contundente y creíble, y si la percepción ciudadana sobre seguridad y bienestar no mejora de manera tangible, la narrativa de la «Cuarta Transformación» podría perder fuerza. La clave estará en cómo la presidenta Sheinbaum logre gestionar estos retos y si la oposición es capaz de articular un discurso y una oferta política que capitalice el descontento. Los escándalos y la percepción pública son focos de atención, pero su impacto electoral final dependerá de la dinámica política en los próximos años.
Si no purga impuros y prioriza resultados tangibles, el «segundo piso de la transformación» se convertirá en un derrumbe electoral. Sheinbaum debe actuar con cirugía interna para rescatar la narrativa de cambio.
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