Pese a las voces internas en el país que alzaron la voz ante las medidas de represión, ahora, la organización Amnistía Internacional acusó que las autoridades mexicanas de reprimir a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.
Según el informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan analiza cinco manifestaciones de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género efectuadas el año pasado en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México.
“La respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Durante las detenciones y traslados, elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado, las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quien las detenía y a dónde las llevaban, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada”, dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”.
El informe establece que policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente, las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban, y en algunos casos sin presentarlas ante la autoridad competente, causándolas un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre las manifestantes acerca de poder ser sujetas de desaparición forzada vulnera su derecho a la integridad personal y contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
Además, en muchas ocasiones elementos policiales recurrieron al uso de la violencia sexual como una táctica para aleccionarlas por atreverse a salir a manifestarse en la vía pública, y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género, de acuerdo con los cuales las mujeres deben quedarse en casa y “no salir a buscar problemas”. Amnistía Internacional destaca que toda violación sexual cometida por una autoridad del Estado debe ser considerada como una forma tortura, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas a México.
El informe muestra, además, la estigmatización y criminalización de mujeres que participan en protestas con el rostro cubierto —incluso con cubrebocas como medida sanitaria para evitar la propagación del Covid-19— o de quienes se visten de negro. Amnistía Internacional señala que ocultar el rostro o vestirse de una forma particular no puede equipararse a la comisión de un delito, justificar una detención, o a la suposición de uso de violencia durante las manifestaciones.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a que reconozcan, de forma constante y de manera amplia, la legitimidad de las manifestaciones de mujeres y grupos feministas y que se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes.
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