Ordenan destapar evaluación docente

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Un tribunal federal anuló en definitiva la reserva sobre los resultados de la Evaluación Universal de Docentes y Directivos de Educación Básica, aplicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2012.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó el pasado 24 de septiembre el amparo otorgado a Mexicanos Primero por un juez de distrito.

El juzgador resolvió en marzo de 2014 que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) no debió reservar hasta junio de 2016 la asociación entre el nombre del maestro y el resultado de la evaluación.

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“No se puede permitir que el gremio magisterial tome como rehén a la sociedad mexicana para lograr sus objetivos políticos y económicos.

“De ser así, jamás se podría implementar en el País un programa educativo que compita a nivel internacional”, afirmó el juez Francisco Javier Rebolledo en la sentencia que confirmó el tribunal colegiado.

El tribunal aprobó por unanimidad, en la sesión del 24 de septiembre, un proyecto de sentencia del magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla.

La organización Mexicanos Primero solicitó a la Secretaría de Educación la base de datos con nombre, tipo de plaza, lugar de asignación y “calificación obtenida en el examen, señalando número de aciertos y desaciertos en general, y en cada unidad de diagnóstico” de los maestros de primaria que fueron evaluados.

La dependencia federal respondió, en el mes octubre de 2012, que los resultados de los exámenes quedaban reservados por tres años, ya que darlos a conocer de manera parcial, sin contemplar un diagnóstico integral, “induciría a una interpretación inadecuada de los mismos, desvirtuando el objetivo de la evaluación”.

Al revisar el caso en junio de 2013, los comisionados del INAI resolvieron que las calificaciones sí podían publicarse, pero que la asociación nombre-calificación debía permanecer bajo reserva tres años más, pues revelarla podría dar lugar a “manifestaciones violentas” y “disturbios sociales”.

“La información podría incentivar o potenciar disturbios sociales que desemboquen en manifestaciones y acciones violentas.

“Estos podrían poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas, mientras no se concluya la evaluación de los trayectos formativos sugeridos”, afirmó el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Ante estos razonamientos, el juez Rebolledo acusó al órgano de transparencia de haber actuado con base en razones políticas y no jurídicas.


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