A pesar del arresto de varios alcaldes en el Operativo Enjambre y de la detención de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, la propuesta de reforma electoral no contempla mecanismos para evitar la intervención del crimen organizado en los comicios.
Existen indicios claros de que los cárteles del narcotráfico buscan influir en los procesos electorales. Así se observó en las denuncias presentadas durante la elección para gobernador en Sinaloa, donde representantes partidistas fueron secuestrados para impedir su presencia en las casillas. Asimismo, en Valle de Bravo, diversos candidatos denunciaron amenazas para obligarlos a retirarse de las campañas y favorecer a los perfiles seleccionados por grupos delictivos.
El reporte de violencia política de la consultora Integralia revela que, entre septiembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, se registraron 300 incidentes de violencia política asociados a 399 víctimas; un promedio de 1.8 víctimas diarias. A poco más de 60 días de la jornada, el proceso 2023-2024 ya se perfila como el más violento en la historia moderna de México.
Los datos de Integralia subrayan el riesgo imperante: los aspirantes a puestos municipales concentran el 73.4 % de las agresiones, seguidos por los federales (14.5 %) y estatales (7.3 %). La violencia contra candidatos es más frecuente en territorios con disputas territoriales entre grupos criminales.
Pese a este panorama, la iniciativa de reforma electoral omitió el tema. Tampoco ha sido abordado en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, en cambio, ha dado prioridad a la propuesta ciudadana de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Esta medida ha generado el rechazo incluso de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien se considera cercana al oficialismo.
Si el Gobierno ha procedido a la detención de una autoridad municipal por vínculos con el narcotráfico y ha recibido denuncias sobre el proceder de grupos criminales en las campañas, resulta sorprendente que la iniciativa ignore esta problemática.
Morena es el partido con más señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado. Esto debería incentivar la creación de mecanismos preventivos, especialmente tras el caso de Diego Rivera y la difusión de fotografías donde aparece con dirigentes morenistas, incluida la propia Presidenta. El antecedente de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala vinculado al caso Ayotzinapa, refuerza la urgencia de tratar el tema.
Recientemente, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, retó a la oposición a respaldar la reforma en lo relativo a la designación de candidaturas plurinominales por parte de las cúpulas. Sin embargo, guardó silencio cuando Jorge Romero (PAN) le solicitó incluir la pérdida de registro para partidos que prueben vínculos con la delincuencia organizada. Resulta revelador que, ante la gravedad del asunto, la dirigencia oficialista prefiera el mutismo en lugar de fortalecer la integridad del sistema electoral.
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