Tal parece que la herencia de la 4T no será precisamente la lucha contra la corrupción, pues recientes investigaciones revelaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), generó posibles daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, derivado de la adquisición de cuatro contratos con diversas empresas del ramo tecnológico, algunas de ellas con indicios de ser fantasmas, y que fueron pagados a sobreprecio.
La información revelada por la Auditoría Superior de la Federación (Auditoría señala desfalcos millonarios del INM a través de empresas fantasma
La información revelada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que dichos contratos fueron firmados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SCT, cuyas autoridades gastaron durante 2020, 293 millones 701 mil pesos para servicios integrales de infraestructura de cómputo, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, así como mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
Además, se determinó que dos mil 682 equipos proporcionados por el proveedor «no cumplen con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro establecidas en el anexo técnico», mientras que de una muestra de mil 331 equipos, «no se acreditó la existencia de 260 (19.5% de la muestra), por los que se realizaron pagos por seis millones 988 mil pesos».
En la investigación de la ASF se descubrió que la Comercializadora Antsua S.A. de C.V. podría operar con empresas fantasma ya que entre noviembre de 2019 y junio de 2020 recibió pagos por 231 millones 696 mil pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los cuales distribuyó 146 millones 79 mil pesos entre seis empresas (segundo nivel) que a su vez distribuyeron 127 millones 778 mil pesos a un grupo de 15 empresas (tercer nivel).
«De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM», señala la auditoría de cumplimiento número 2020-5-04K00- 20-0011-2021 de la ASF.
Asimismo, se identificó que ocho de estas empresas se encuentran vinculadas entre sí, toda vez que tienen los mismos socios accionistas, quienes reportaron domicilios fiscales, números telefónicos o correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes o fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público.
Adicionalmente, 19 de estas empresas, incluyendo al proveedor adjudicado, «no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios ni empleados durante los ejercicios de 2019 y 2020; 20 de ellas son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado) y 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria durante el ejercicio de 2020».
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