Tal parece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está encontrando mucho trabajo al analizar las finanzas de la 4T, pues luego del desfalco reportado por el Instituto Nacional de Migración, también halló irregularidades financieras por 104 millones de pesos en la operación de programas sociales del Gobierno autoproclamado de la cuarta transformación.
Sin duda se trata de un problema mayúsculo para Andrés Manuel López Obrador, si se toma en cuenta que su gobierno apostó a los programas sociales como filosofía.
De acuerdo con la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Bienestar no comprobó la utilización de 7 millones 68 mil pesos del apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras, que antes era conocido como Estancias Infantiles; además de 96.9 millones de la Pensión para Personas con Discapacidad.
En la fiscalización 310-DS, descubrió que se entregaron apoyos a cinco mil 393 beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, pese a que su Clave Única de Registro de Población (CURP) era «inactivo o no válido» siendo éstas un elemento de los requisitos de acceso al programa”.
Además, otras mil seis personas con discapacidad accedieron al programa sin estar inscritos en el Registro Nacional de Población (Renapo); es decir, sin tener CURP.
La auditoría también encontró sobrepagos hasta de seis bimestres a 142 personas; en 28 casos se observaron registros duplicados; entrega de apoyos a 984 personas fallecidas, así como falta de documentos de 140 ciudadanos para verificar que cumplen con los criterios de elegibilidad.
Respecto a la observación por siete millones 68 mil pesos al programa de apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras, la ASF detectó que se otorgaron apoyos fantasmas a 114 madres, de mil 293 niños, sin contar “con la CURP ni documentos que los identifique, tales como credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago”.
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