Son tan grandes como insatisfactorios los esfuerzos y las erogaciones que se vienen haciendo para mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia. Los altos índices de criminalidad se explican, en parte, por las conductas de algunos funcionarios y empleados que en esas áreas se desempeñan.
En los asesinatos de normalistas en Guerrero y la probable incineración de otros 43 participaron directamente policías municipales de Iguala y Cocula, asociados con una banda de narcotraficantes.
Sabemos de muchos policías y ex policías que han cometido cualquier tipo de delitos. El ex policía, probado torturador, ex presidiario y ahora acusado y confeso por el multihomicidio de la Narvarte, es solamente uno más.
Mucho han dicho los expertos sobre el tema, y yo haré en este breve espacio tan solo las siguientes afirmaciones:
1. Poco se avanzará si continúan los cambios constantes de procuradores de justicia, federales y estatales, así como de los demás funcionarios superiores de esas instituciones, siguiendo, a su vez, las limpias hacia abajo, para que los entrantes den espacio a los suyos. Cierto que los ciclos terminan y en ocasiones existen razones que justifican despidos y sustituciones, pero éstos no deben ser caprichosos, ni por cálculo político o simple conveniencia de grupo.
2. Si seguimos ignorando que los hombres y mujeres que se desempeñan como fiscales, agentes del Ministerio Público o policías tienen una delicadísima responsabilidad, que están expuestos —principalmente los últimos— a riesgos mayores, en los que van de por medio sus propias vidas y el futuro de sus familias, que están pésimamente pagados, a veces mal preparados, que su comportamiento y antigüedad nada les garantiza, y que sorpresivamente pueden recibir un puntapié en el trasero que los dejará en la calle y con pocas posibilidades de encontrar un trabajo honesto, precisamente por haber laborado en alguna procuraduría, no debe sorprendernos que muchos opten por veredas torcidas.
En efecto, la realidad antes apuntada trae el ahora o nunca. O sea, que al obtener el nombramiento para desempeñarse atrás de un escritorio, o recibir placa y pistola para andar por ciudades, pueblos o montes, sin importar que sea de día o de noche, conscientes que pueden no regresar, el incentivo es único y perverso: hacerse de lo que sea, como sea y lo más rápidamente posible, porque en cualquier momento pierden el empleo, o acrecientan la lista de los caídos en el cumplimiento de su deber.
Si continúan los despidos sin causa verdaderamente justificada, si los exámenes de confianza también sirven para reducir nóminas o hallar espacio para compinches, que nadie espere que la moral en alto sea la divisa de quienes sufren la corrupción que se les pide combatir afuera.
Cuando las instituciones no respetan ni protegen a los suyos, es ingenuo esperar que ellos respeten la ley y protejan a la sociedad.
Y esto vale, con sus especificidades, para el trato que merece toda la burocracia.
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