Las noticias que llegan de Guerrero no son halagüeñas. Secuelas de Ayotzinapa rondan en muchas esquinas, incluso en el Distrito Federal, y los actos de los que se dicen maestros agrava las dificultades económicas del estado. Bloqueos y demostraciones impiden la vida cotidiana. El turismo que alguna vez fue su principal industria pasa por una depresión profunda y todos los negocios que giran en torno a él están a las puertas de la ruina. Cada día menos viajeros acuden a sus playas, menos turistas llegan al aeropuerto o al puerto marítimo, incluso sus políticos intentan laborar lejos del estado para no comprometerse.
El bloqueo de calles y carreteras, la toma de casetas o las distintas manifestaciones, justificadas y no, impiden la movilidad personal y la adecuada distribución de bienes y servicios. Si bien las tiendas aún no sufren un desabasto crónico, sí sufren de un abastecimiento insuficiente, además de que sus clientes encuentran difícil acudir a hacer sus comprasy cada día sufren más para tener recursos con qué pagarlas.
Como muchos maestros han decidido ganar la calle en vez de dar clases, el problema educativo se agudiza aunque no haya forma de medir su impacto (por el momento). Muchos escolares han dejado de acudir y los que aún lo hacen saben que tienen grandes posibilidades de quedarse sentados en la banca sin hacer nada. Ni el gobierno estatal ni la Secretaria de Educación Pública han dicho cómo van a evaluar a los alumnos para probar que saben lo suficiente para pasar de grado o si van a extender el periodo escolar para que puedan aprender lo requerido.
La agricultura y la pesca arrastran pérdidas importantes. A diferencia de otros negocios como la minería, los productos perecederos no toleran retrasos entre la recolección y el punto de venta; esto es especialmente grave para pescados, mariscos, hortalizas y frutas, tanto para exportación como para el mercado doméstico. La carga detenida por un bloqueo que le impida llegar a su destino por unas horas afecta su duración en el anaquel, y una que llegue a ser retenida puede ser candidata a perdida total.
Lo más grave es la reducida acción gubernamental. Fuera de discursos y promesas, no hay decisión de imponerse sobre quienes traen al estado de cabeza. Tampoco se ve que busquen negociar con los maestros de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), quizá porque éstos parece que sólo intentan causar problemas para desestabilizar a la sociedad y al gobierno. Bien calculan que el gobernador no tiene grupo de apoyo, y lo consideran débil porque fue designado en vez de ser resultado de un proceso electoral. La realidad es que no ha dado muestras de saber, y querer, gobernar.
El actual gobernador ha permitido que los maestros de la CETEG hagan lo que desean, y todo en aras de mantener la paz pública. Ha logrado convertirse en un peón en manos de sus adversarios. Ni su Secretario de Gobierno ni el jefe de la policía parece que le puedan ayudar porque han rendido todas las plazas en disputa; dejan a los maestros bloquear a su albedrío sin cuidar ni bienes ni derechos de terceros.
El gobierno federal apenas ha comenzado a ayudar a mantener el orden. Deseando darle su lugar al gobierno local y procurando evitar enredarse con más problemas de los que ya tiene, ha caído en posturas absurdas. Y no sólo en estos momentos; fue esa actitud por la que los sucesos de Ayotzinapa crecieron hasta parecer un alud imparable.
Una de las peores actitudes gubernamentales es la lenidad, el no realizar el deber al que todo gobierno está obligado. Descuidar la paz pública en nombre de la tolerancia es un atentado contra la sociedad. Ningún gobierno debe confundir el respeto al derecho a manifestarse con el dejar que pocos pasen por encima de los derechos de la mayoría.
Tanto el gobierno local como el federal están obligados a encontrar fórmulas que permitan el derecho a manifestarse al tiempo que garantice el respeto a la vida y bienes de los demás. No hacerlo a la brevedad, y de la mejor manera posible, sólo conducirá al despeñadero social. La paz pública demanda que se reúnan con los manifestantes para negociar antes que se desespere la sociedad. Los dos están obligados a hacerlo.
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