El asunto del llamado “mando único” de la policía a nivel estatal, trae a la mesa de discusiones dos temas, íntimamente ligados entre sí, y que Acción Nacional ha considerado vitales: primero la prevalencia del municipio como célula fundamental del tejido político, de la misma forma que la familia lo es del tejido social. Y segundo, uno de los grandes principios sociales, que es la subsidiariedad.
En una nación que independientemente de lo que diga fundamentalmente su Constitución General, es altamente centralista en el ejercicio del poder, primero a nivel federal y luego estatal, la defensa del municipio libre es primordial. No puede el PAN dejarlo en el cajón de los buenos recuerdos.
La principal dependencia política del municipio en México es el dinero. Los ayuntamientos, salvo casos particulares, no lo tienen. Prácticamente viven de la limosna del Estado y de la federación, y de allí en adelante la posibilidad de tomar decisiones, hacer obra pública y dar a la población los servicios municipales básicos, uno de los cuales es la seguridad pública.
Eliminar ¡constitucionalmente! las policías municipales es inaceptable, tal como lo proponen tanto el gobierno federal como varios gobernadores. Los motivos expuestos para tomar semejante decisión tan trascendental no se sostienen. Es una centralización en los ejecutivos de las entidades que no se justifica, a pesar de los argumentos esgrimidos por los proponentes de la iniciativa.
No solamente son muy débiles dichos argumentos, sino que obedecen a una situación coyuntural, aunque esta coyuntura sea de mediano plazo: la lucha contra la delincuencia organizada generada por el narcotráfico, y ahora diversificada en sus delitos.
El centro de los argumentos está en que la corrupción de las policías municipales y sus mandos es una debilidad grave, y que por tanto se debe centralizar la seguridad pública en el gobierno de cada estado. Pero se olvidan que dicha debilidad, la posible connivencia con los delincuentes, se da tanto a nivel municipal como estatal, y aún federal, posible en nuestro país como en cualquier otro.
Es mucho más peligroso que el mando de una gran policía estatal se coluda con delincuentes a que lo haga una municipal. Habiendo más cuerpos policíacos es más fácil encontrar contrapesos a la colusión. Es más fácil que unos se vigilen a los otros a que el mando corrupto se vigile a sí mismo, lo cual es casi una inocentada.
Tomemos el caso federal. En los países más exitosos en combate al crimen no existe un mando único, ni una sola agencia o cuerpo de seguridad. No solamente hay especialización de áreas de trabajo, sino que es más fácil que una agencia descubra algo que a otra le ha pasado por alto, sobre todo si ese paso por alto es por colusión con el crimen o intereses políticos. Un buen ejemplo es el de los Estados Unidos.
En México el gobierno de Felipe Calderón recurrió a la milicia para apoyar a las policías municipales y estatales en su incapaz lucha contra la delincuencia organizada, comenzando en Michoacán. Pero luego incorporó a esa lucha a la Marina, como se continúa hasta ahora. ¿Por qué llevar a territorios alejados de nuestras costas a la Marina-Armada mexicana? Por una razón que nadie dijo oficialmente pero que bien se conoce: los casos de corrupción con el narcotráfico en miembros del Ejército. Se buscó el equilibrio entre estas fuerzas armadas.
Volvamos al municipio y al pretendido control policial de los gobernadores. Piensa mal y acertarás. Porque ese poder se puede usar fácilmente como control político y sumisión al gobernador en turno, o a su partido político. Es tan peligroso como el de los recursos públicos. Y aquí hay un tema muy importante: que el control, el apoyo o el abandono al municipio con las fuerzas de seguridad pública, sea por delincuencia dentro del propio Estado y de grupos en el poder, y no por connivencia con las mafias del narcotráfico. O ambas cosas.
Bien ha hecho Acción Nacional en exigir, con una iniciativa de reforma en materia de seguridad pública, en exigir la preeminencia del principio de subsidiariedad en esta materia: que los municipios tengan y administren sus cuerpos de seguridad pública y que solamente en caso de incapacidad, por la razón que sea, suplan estatalmente al municipio. Y que además esa suplencia sea solamente en lo necesario y por el tiempo requerido, y no permanentemente.
Los municipios más grandes y con más dinero se han defendido: no al mando único, no a que nos quiten a nuestras policías. Hay otros municipios con mucho menos recursos, que por ahora no tienen la posibilidad de contar con una fuerza de policía bien pagada, entrenada y equipada, y hay municipios que no pueden ni siquiera pagar sueldos a sus cabildos. La seguridad pública proporcionada por los gobernadores debe ser así sujeta a las necesidades, es decir subsidiariamente.
La defensa del municipio libre y del principio social de subsidiariedad, habían estado muy olvidados por Acción Nacional en su práctica política y en su discurso, pero ahora encuentran un caso ideal para ponerlos, como se está haciendo, sobre la mesa de debates.
El bien común se alcanza aplicando tanto el principio de solidaridad como el de subsidiariedad. Y es la posición del CEN panista frente a la pretensión de dejar sin protección policial propia a los municipios que tiene capacidad de hacerlo, al gusto del ejecutivo estatal en turno.
La defensa real del municipio libre, y de la exigencia política de la subsidiariedad, encuentran en el caso del mando único una gran oportunidad de poner frente a todos, principios fundamentales de la doctrina de Acción Nacional. El panismo no puede ceder en sus exigencias a favor del municipio libre, la célula del tejido político nacional.
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