La organización conjunta del Mundial de Fútbol 2026 por México, Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad económica significativa para el país, pero también genera debates sobre sus implicaciones políticas y sociales. Según proyecciones, la derrama económica podría alcanzar los 3,000 millones de dólares, impulsada por la llegada de más de cinco millones de turistas y la creación de empleos temporales en sectores como hotelería, transporte y comercio. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estima un impacto de 65,000 millones de pesos, con un aporte de 0.2 por ciento al producto interno bruto durante las cuatro semanas del evento. Este flujo beneficiaría principalmente a las sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se prevé un incremento en el gasto local y el turismo internacional.
Sin embargo, estos beneficios no están exentos de controversias. Críticos argumentan que los acuerdos con la Federación Internacional de Fútbol Asociación implican un «cheque en blanco» para la entidad, con exenciones fiscales y facilidades aduaneras firmadas desde 2018, durante el gobierno anterior, que podrían costar al erario público sin transparencia total. Además, la reubicación de comerciantes ambulantes alrededor del Estadio Azteca ha generado protestas, al considerarse un desplazamiento que prioriza la imagen internacional sobre el sustento de miles de familias en la economía informal. Otro punto polémico es el alza en precios de rentas, hasta un 40 por ciento en las ciudades sede, lo que podría agravar la desigualdad urbana y desplazar a residentes locales.
Desde una perspectiva política, el evento podría servir como distractor temporal de problemas nacionales como la inseguridad y la corrupción. Históricamente, el desempeño de la selección mexicana influye en el ánimo colectivo: en 2022, la eliminación en fase de grupos generó decepción generalizada, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el impacto al felicitar al equipo por los «momentos de alegría» proporcionados. Analistas señalan que un fracaso similar en 2026 podría traducirse en reclamos al gobierno actual, afectando temporalmente la aprobación presidencial, como se observó en encuestas post-Qatar donde la frustración deportiva se mezcló con críticas al desarrollo del fútbol nacional. Por el contrario, un buen desempeño elevaría el optimismo ciudadano, reforzando la narrativa de unidad nacional.
La seguridad emerge como otro factor controvertido. Alertas de Estados Unidos sobre el crimen organizado en México rumbo al torneo destacan riesgos para visitantes, mientras que organizaciones como Human Rights Watch advierten sobre posibles arrestos migratorios que podrían disuadir el turismo. Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado vulnerabilidades a la corrupción deportiva. Rumores sobre presiones para no actuar contra líderes criminales, como Nemesio Oseguera Cervantes, priorizando el evento, avivan debates sobre si el Mundial compromete la soberanía en materia de seguridad.
Encuestas revelan opiniones divididas: un 51.2 por ciento de los mexicanos muestra alto interés, pero persisten dudas sobre si el evento beneficia al pueblo o solo a elites, dada la elitización de boletos con precios desde 52,000 pesos. La protección infantil durante el torneo también genera alarma, ante posibles incrementos en trata y abuso. En suma, mientras el Mundial promete proyección global y estímulo económico, sus riesgos políticos y sociales invitan a cuestionar si los costos superan las ganancias, polarizando el debate nacional sobre prioridades gubernamentales.
