El panorama político mexicano ha sido marcado por ciclos de promesas incumplidas y persistentes desafíos estructurales. Durante las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaron alternadamente desde el año 2000 hasta 2018, el país enfrentó graves deficiencias en el manejo de problemas clave como la desigualdad económica, la pobreza extrema y la inseguridad pública. Estos gobiernos, según analistas e historiadores, no solo fallaron en resolver estas cuestiones, sino que también permitieron la proliferación de la corrupción entre sus filas, erosionando la confianza ciudadana y perpetuando un sistema de impunidad.
Bajo gobiernos del PAN, presididos por Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), se prometió una transición democrática que rompería con el autoritarismo priista. Sin embargo, la «guerra contra el narcotráfico» iniciada por Calderón escaló la violencia, registrando más de 120 mil muertes en ese periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La desigualdad, medida por el coeficiente Gini, se mantuvo en niveles altos, alrededor de 0.48, mientras la pobreza afectaba a cerca del 46 por ciento de la población en 2012, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La corrupción fue evidente en escándalos como el de los «Amigos de Fox», donde se denunciaron financiamientos irregulares, y en el caso Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI (2012-2018), que involucró sobornos por millones de dólares en contratos públicos. Críticos argumentan que estos partidos priorizaron alianzas con élites económicas, exacerbando la brecha social y tolerando prácticas clientelares que beneficiaban a militantes leales.
En este contexto surgió el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2014, fundado por Andrés Manuel López Obrador como una alternativa de izquierda que prometía erradicar la corrupción, promover la austeridad y resolver los flagelos heredados. Morena se posicionó como un antídoto al «viejo régimen», enfatizando la «cuarta transformación» para lograr justicia social. En 2018, su victoria electoral fue arrolladora, capturando el 53 por ciento de los votos presidenciales y mayorías en el Congreso, impulsada por un discurso que culpaba al PAN y PRI de la crisis nacional. Defensores de Morena destacan logros como el aumento del salario mínimo en más del doble entre 2018 y 2024, y programas sociales que, según el Banco Mundial, sacaron de la pobreza a más de 9.5 millones de personas. Sin embargo, opositores cuestionan la efectividad, señalando que la pobreza extrema aumentó ligeramente y la desigualdad persiste, con el 1 por ciento más rico ganando 442 veces más que el 10 por ciento más pobre.
Un elemento polémico en la evolución de Morena es la incorporación de exmilitantes del PAN y PRI, lo que críticos ven como una contradicción ideológica. Desde 2023, figuras como exdiputados priistas y panistas se han unido a Morena en estados como Sinaloa y Puebla, argumentando afinidad con su agenda social, pero opositores lo interpretan como oportunismo para lograr mayorías calificadas en el Congreso. En 2024-2026, este fenómeno se intensificó, con líderes como exgobernadores priistas integrándose para fortalecer coaliciones electorales. Defensores de Morena sostienen que esto amplía su base y acelera reformas, mientras detractores argumentan que diluye su esencia reformadora, importando prácticas corruptas del pasado. Publicaciones en redes sociales, como las de usuarios en X, destacan esta «traición» al proyecto original, generando debates virales sobre la coherencia del partido.
Bajo los gobiernos de Morena desde 2018, los problemas persisten. La inseguridad alcanzó niveles récord, con más de 180 mil homicidios en el sexenio de López Obrador, superando a periodos previos. La corrupción, pese a promesas de erradicación, se manifiesta en escándalos como el de Segalmex, con desvíos millonarios, y acusaciones contra figuras como Adán Augusto López por presuntos nexos con crimen organizado. En 2025-2026, informes revelan 183 casos de corrupción, muchos con empresas fantasma, y una percepción ciudadana pesimista, con el 60 por ciento creyendo en investigaciones sesgadas. La desigualdad y pobreza, aunque reducidas en cifras oficiales (de 0.426 a 0.391 en Gini), enfrentan críticas por no abordar causas raíz, como la precariedad laboral. Elementos polémicos incluyen la ostentación de lujos por líderes morenistas, contrastando con su discurso de austeridad, lo que ha erosionado su apoyo del 50 al 42 por ciento en 2025.
Distintas posturas emergen: simpatizantes de Morena enfatizan avances en bienestar social y culpan a herencias pasadas, mientras opositores del PAN y PRI ven en Morena una fusión de lo peor de ambos, con mayor centralización y vínculos al crimen. Analistas independientes, como en informes de Crisis Group, destacan que Morena no ha roto con el clientelismo, usando subsidios para fines electorales. Esta dualidad genera controversia: ¿es Morena un continuador disfrazado o un agente de cambio imperfecto?
En resumen, mientras PAN y PRI legaron un sistema fallido, Morena prometió renovación pero incorporó a exmilitantes de los partidos que señala como culpables de la situación que vive el país, perpetuando ciclos de ineficiencia y desconfianza, así como repitiendo esquemas de corrupción y mostrando claramente que son los mismos y lo mismo, sólo que con otras siglas partidistas. La responsabilidad de los líderes radica en priorizar reformas genuinas sobre alianzas pragmáticas, para evitar que el país quede atrapado en un estancamiento político crónico. El debate actual subraya la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas para restaurar la fe en las instituciones.
