La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa este 22 de febrero para evitar que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) reciban financiamiento proveniente del extranjero, incluyendo gobiernos y corporaciones, cuando usen esos recursos para “desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México”.
La propuesta fue presentada por la diputada Celeste Ascencio Ortega quien asegura que la Cuarta Transformación del país enfrenta muchos adversarios, algunos de ellos extranjeros quienes financian a organizaciones no gubernamentales.
“A fin de que promuevan o retrasen cambios legislativos, o bien, para que estas organizaciones no gubernamentales interpongan recursos y juicios en contra de las decisiones que afectan los intereses de sus patrocinadores”, señaló en su propuesta. “Estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”, sostuvo en su exposición de motivos.
La iniciativa proviene de los comentarios hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en septiembre pasado, cuando reprochó al gobierno de Estados Unidos por financiar a “organizaciones golpistas” como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad o Artículo 19.
“Tal como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas organizaciones promueven el golpismo y se trata de evidentes actos de intervencionismo que violan nuestra Soberanía Nacional, es totalmente inmoral que gobiernos y empresas extranjeras quieran tener injerencia en la vida nacional”, señaló la legisladora.
La iniciativa busca reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y propone que las organizaciones que reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras deberán informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Para ello, “desglosarán el origen, monto y el porcentaje que constituye de sus ingresos totales”.
Y agrega: “lo que se busca es que haya total transparencia e información sobre el origen y monto de quien financia a estas organizaciones, particularmente cuando reciben recursos del extranjero”, sostiene la iniciativa.
La propuesta señala que cuando las organizaciones reciban donaciones en forma directa o indirecta del extranjero no podrán realizar labores de cabildeo legislativo ni de litigio estratégico, y si contravienen esta limitante, “se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente”.
“A través de este control se evita que las actividades de estas organizaciones se dirijan a influir indebidamente en las leyes mexicanas o que puedan estar judicializando decisiones en contra del gobierno, lo que constituye un claro acto de intervencionismo y neoliberalismo encubierto”, advierte.
Finalmente, la diputada de Morena cuestionó con el interés «nacionalista» promovido por su partido: “¿por qué debemos permitir que intereses extranjeros promuevan leyes o decisiones públicas en México? ¿Es legítimo que organizaciones civiles mexicanas se presten para ello y encima gocen de beneficios fiscales? O que haya grupos de conservadores que las financien y de paso obtengan un recibo deducible de impuestos».
Y agregó: «En suma, queremos acabar con un negocio donde intereses extranjeros y empresariales contratan a estas organizaciones y éstas simulan que defienden derechos humanos, cuando en realidad promueven una agenda antinacional y contraria al cambio verdadero”.
La propuesta fue subida este martes a la gaceta parlamentaria, para ser turnada a la Comisión correspondiente para su discusión.
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