El Índice del Estado de Derecho 2024 del World Justice Project (WJP) revela un preocupante retroceso de México en este indicador clave, situándolo en el puesto 113 de 142 países evaluados. Este declive, que refleja un debilitamiento en la adherencia a principios fundamentales como la rendición de cuentas gubernamental, la ausencia de corrupción, la transparencia, los derechos fundamentales y la justicia, tiene implicaciones profundas para la democracia mexicana, especialmente en el contexto electoral y la posibilidad de alternancia en el poder.
El informe del WJP, basado en encuestas a más de 214,000 hogares y 3,500 expertos, destaca que México ha experimentado un deterioro en factores cruciales como la justicia civil y penal, así como en la percepción de corrupción. En 2023, México obtuvo una puntuación de 0.42 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa el mayor cumplimiento del estado de derecho. Este retroceso no solo refleja desafíos estructurales en el sistema judicial, sino también una erosión en la confianza pública hacia las instituciones, un elemento crítico para procesos electorales justos y transparentes.
Las elecciones en México, marcadas por la polarización y la desconfianza, se ven directamente afectadas por este deterioro. El Índice señala que la falta de “constraints on government Powers” (controles al poder gubernamental) y la debilidad en el esfuerzo regulatorio dificultan la garantía de elecciones libres de influencias indebidas. En un contexto donde el partido en el poder ha consolidado su influencia sobre instituciones clave, la alternancia política enfrenta barreras significativas. La percepción de que las leyes no se aplican de manera equitativa fomenta la apatía ciudadana y debilita la participación electoral, elementos esenciales para una democracia vibrante.
Además, el informe subraya que los problemas de corrupción y la inseguridad, reflejados en los indicadores de “orden y seguridad” y “ausencia de corrupción”, agravan la crisis. México enfrenta desafíos como el crimen organizado y la impunidad, que no solo afectan la seguridad ciudadana, sino también la integridad de los procesos electorales. La falta de un sistema judicial accesible y eficiente limita la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas, lo que perpetúa un ciclo de desconfianza y deslegitimación.
El retroceso en el estado de derecho también tiene implicaciones económicas y sociales. La inversión extranjera y el crecimiento económico dependen de un entorno legal predecible y justo, algo que México está lejos de garantizar. Para revertir esta tendencia, el WJP sugiere reformas que fortalezcan la independencia judicial, combatan la corrupción y promuevan la transparencia. Sin estas medidas, la alternancia en el poder seguirá siendo un desafío, ya que la falta de confianza en las instituciones puede consolidar un sistema político menos plural.
En conclusión, el declive de México en el Índice del Estado de Derecho es una señal de alerta para su democracia. La erosión de la confianza en las instituciones y la debilidad en la aplicación de la ley amenazan la equidad electoral y la posibilidad de una alternancia efectiva. Es imperativo que México aborde estas deficiencias para fortalecer su democracia y garantizar un futuro más justo.
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