Instalaciones de Pemex en Nuevo Pemex, Tabasco. / SAÚL RUIZ
El Gobierno mexicano intenta liberar los combustibles para cumplir con la reforma energética
La reforma energética de México ha comenzado a tocar uno de los productos más sensibles para los mexicanos: la gasolina. Desde el primer minuto de 2015, el Gobierno mexicano ha elevado el precio de los combustibles un 1,9% y ha pasado de fijar un precio único para estos hidrocarburos a establecer un máximo para su venta, tal como el Congreso mexicano lo decidió al modificar la Constitución para abrir el sector energético a la inversión privada. Aunque este primer movimiento es parte de la estrategia para liberar los precios de las gasolinas en un plazo de tres años, factores como el monopolio de la venta de combustibles y el bajo precio del barril de petróleo evitan que el nuevo escenario energético en México se cristalice.
La gasolina en México se vende en estaciones de servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex), que son administradas por particulares que reciben el combustible de la petrolera estatal bajo el mismo precio y condiciones. Desde el 1 de enero, el precio máximo de la gasolina magna (estándar) se situó en 0,91 dólares por litro y el combustible premium en 0,97 dólares por litro. Casi todas las estaciones en el país han fijado este precio, excepto algunas en los estados de la frontera con EE UU que han bajado el coste para competir con las gasolineras de ese país.
La caída del precio del barril de petróleo en el mundo ha beneficiado la comercialización de la gasolina en Estados Unidos, donde el precio lo fija el mercado. En el Estado de Texas el coste promedio de un litro de gasolina es aproximadamente de 0,52 dólares, mientras que en California es de 0,68 dólares por litro, muy por debajo del precio al que se vende el combustible en México. Como si la reforma energética hubiese entrado por el norte del país, la población en la zona fronteriza ha comenzado a comparar precios en la estaciones estadounidenses.
Los empresarios mexicanos en la mayor parte del país han decidido no bajar los precios de la gasolina, aun cuando la nueva ley se los permite. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) ha señalado que el margen que Pemex les ofrece para comercializar el combustible deja una utilidad tan baja que les impide bajar los precios. El gremio de gasolineros ha rechazado el esquema propuesto por el Gobierno mexicano y lo ha acusado de desproteger la inversión mexicana. “Se destruye la rentabilidad de las estaciones de servicio, propicia, en corto plazo, la quiebra de gasolineras, consume su capital de trabajo y favorece la venta barata a los inversionistas extranjeros”, señalan.
Al plantear la reforma energética, la Administración del presidente Enrique Peña Nieto estableció el esquema para liberar el coste de los combustibles y aseguró que el precio máximo sería el mismo durante todo 2015. Sin embargo, esta promesa tiene una condición que está ligada con la volatilidad del mercado energético. La Secretaría de Hacienda ha insistido en que cumplirá con lo pactado en la reforma pero ha explicado en un comunicado que “el Ejecutivo Federal tiene la facultad legal de realizar ajustes adicionales en respuesta a fenómenos de volatilidad en los precios internacionales de los energéticos”.
El presidente mexicano ha insistido en que durante este año los primeros efectos de la reforma energética serán visibles. "Serán las propias familias, serán los mexicanos quienes sean los jueces de nuestro actuar y quienes reciban los beneficios que deparen a partir de las reformas o a partir de los resultados que están arrojando las reformas que impulsamos", comentó Peña Nieto el viernes en un acto ante petroleros.
México importa el 53,8% de la gasolina que se vende en el país. Según lo pactado en la reforma energética, en 2016 distintas compañías podrán abrir estaciones aunque todas tendrán que comprar el combustible a Pemex, y será en 2017 cuando estas empresas importen todos sus insumos y los precios estén totalmente liberados.
La gasolina en América Latina, condicionada por el Estado
El precio del combustible en países latinoamericanos está, en la mayoría de los casos, fijado por el Estado. Aunque los esquemas para modificar los costes son distintos, los ministerios de Energía suelen establecer los precios máximos y mínimos, cuando no uno fijo.
Hay excepciones, como Brasil y Guatemala, que ya han dejado los combustibles ante el libre mercado. En las calles de São Paulo, el precio por litro es en promedio de 0,97 dólares, pero el coste puede diferir en la misma calle y más en otra provincia brasileña. La tarifa depende de los impuestos, los márgenes de comercialización y el servicio del productor. El caso de Guatemala es similar y el combustible estándar oscila en los 0,74 dólares por litro.
Países como Perú, Honduras, Panamá y Colombia tienen modelos similares al que México tendrá durante los próximos tres años. El Estado, a través del ministerio de Energía o algún organismo regulador, establece precios máximos para los combustibles. A partir de ahí, los empresarios gasolineros optan por subir o bajar sus precios y sostienen una competencia alrededor del precio autorizado. En Lima, por ejemplo, puede encontrarse un litro de combustible en 1,23 dólares por litro. En Panamá el precio promedio por litro de gasolina es de 0,69 dólares, uno de los más bajos de la región.
En Argentina y Costa Rica, el Estado decide el precio fijo de la gasolina y lo actualizan según las condiciones del mercado internacional. También son países con los costes más altos de la región: la gasolina estándar en Costa Rica se obtiene a 1,21 dólares por litro y en Argentina a 1,31 dólares. El 1 de enero Argentina rebajó un 5% los precios para bajar la inflación sin desalentar la exploración y explotación en yacimientos como el de esquisto en Vaca Muerta.
Con información de Alejandro Rebossio desde Buenos Aires; María Martín desde São Paulo; Álvaro Murillo y José Meléndez desde San José (Costa Rica); Jacqueline Fowks desde Lima; José Elías desde Ciudad de Guatemala y Elizabeth Reyes desde Bogotá.
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