Después de la fracasada reforma en materia electoral, la presidenta Sheinbaum anunció un Plan B, que en buena medida tiene efectos distractores, pues la sustancia pareciera estar enfocada a conseguir el ejercicio de revocación de mandato para llevarlo a cabo el mismo día en que se celebran las elecciones intermedias.
La propuesta nuevamente se dirige a modificar artículos constitucionales, que requieren para su aprobación mayoría calificada, entonces, necesita los votos de sus dos aliados el Verde y PT. Esos acuerdos -por supuesto- no son gratuitos y, además tampoco públicos, se hacen en privado, en el argot político se les llama: en lo obscurito.
Por otro lado, ahora no hubo comisión especial redactora ni tampoco consultas públicas, foros o mecanismos de participación ciudadana, debido a ello, es posible afirmar que se trata de un proyecto unilateral, manejado con mucha reserva y, calculado para construir la mayoría calificada.
El tema principal consiste en adelantar la consulta ciudadana en materia de Revocación de Mandato, para hacerla concurrente en la jornada electoral del próximo año, que será la más grande de la historia al renovarse 17 gubernaturas; la Cámara de Diputados; 31 Congresos locales y; un sinnúmero de ayuntamientos.
Además, se tiene previsto por mandato constitucional la elección del Poder Judicial Federal, con relación al cincuenta porciento de los Jueces y Magistrados que no fueron removidos del cargo.
Es posible anticipar que las elecciones del Poder Judicial se pospongan ante el cúmulo de procesos que tienen a su cargo el INE y los OPLE’s, cuya preparación, organización y desarrollo requieren de una especial atención.
Así el punto central del Plan “B”, se constriñe en que la Presidenta quiere aparecer en la boleta electoral del 2027; es un desafío a los más elementales principios democráticos, al pretender hacer campaña al mismo tiempo que sus compañeros y candidatos de partido, bajo el pretexto de buscar el refrendo de su cargo.
A su vez, pretende retirar la excepción de la materia electoral en las Consultas Ciudadanas, lo que abriría la puerta para revivir algunos temas contenidos en su Plan “A”, como la disminución de diputados y senadores plurinominales y el financiamiento a Partidos Políticos.
Resulta además curioso que el Plan “A” y el “B”, no se encuentren vinculados, son distintos, de lo que se puede deducir que ninguno es realmente una prioridad para el país, pues de otra manera se hubieran promovido en conjunto.
Los argumentos económicos no resultan significativos, sin embargo, constituyen la evidencia de que los gobiernos de la cuarta transformación son incongruentes en las políticas de austeridad a grado tal, que la presidenta tiene que buscar reformas constitucionales para que atiendan el rubro, buscando reducir por esa vía los gastos de Congresos locales.
En cuanto a la Revocación de Mandato, existe una distorsión de esa figura en México, pues no se observa como un derecho ciudadano, sino que se utiliza bajo un esquema que permite la autopromoción y propaganda al titular del Ejecutivo, es una ratificación o refrendo.
El introducir en la contienda electoral la Revocación de Mandato, quebranta la equidad en las campañas al transformarlas el elección de Estado.
