Lucha contra la corrupción: el grano de arena chihuahuense

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Unión Ciudadana se hizo presente en la Ciudad de México. A contrapelo de desplegados y declaraciones calumniosas, el viernes 16, realizó su Asamblea Informativa en la Ciudad de México, en el Senado de la República. Asistieron decenas de chilanhuenses, es decir, de chihuahuenses radicados allá y capitalinos interesados en esta lucha.

En representación de la pluralidad de este movimiento que ya aglutina a cientos de ciudadanas y ciudadanos de este estado norteño estuvieron el Lic. Jaime García Chávez, quien explicó una vez más la denuncia contra el gobernador Duarte, el Secretario de Hacienda y el ahora precandidato a diputado Carlos Hermosillo el senador Javier Corral Jurado, quien presentó un punto de acuerdo en la Cámara Alta para que se investigue a Duarte, suscrito ya por la mayoría de los senadores; el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas y el que esto escribe. Participaron, además, la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, el senador del PRD, Alejandro Encina y las diputadas federales Rocío Reza, del PAN y Luisa María Alcalde, de Morena.

Unión Ciudadana se constituyó el 28 de noviembre en la capital del estado, tuvo una muy nutrida asamblea el 9 de enero en Cuauhtémoc y realizará su acto fundacional el próximo 23 en Ciudad Juárez y seguirán las poblaciones más importantes de la entidad.

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Esta es la pequeña vela que se está encendiendo por estos rumbos en lugar de seguir maldiciendo la oscuridad en que la corrupción nos tiene sumidos. Oscuridad que impera lo mismo en entidades gobernadas por el PRI que por el PAN o el PRD, o en el propio gobierno federal, en la misma Presidencia de la República. Porque no hay día en que la cada vez más acuchillada ciudadanía de este país no escuche de las casas blancas adquiridas con tráfico de influencias, o de islas adquiridas por un gobernador, o de facturas faltantes por cientos de millones de pesos en Coahuila, o de nepotismos en Sinaloa, de colusiones con el crimen organizado por doquier… Oscuridad y corrupción que tan sólo en los últimos días ha sido denunciada por los obispos católicos, cuantificada por la OCDE en 124 mil millones de pesos, anuales, más que la inversión en obras del programa nacional de infraestructura.

Sin embargo, ahora que ha llegado el proceso electoral, los partidos se disputan la primacía en el hablar, en el decir, en el proponer iniciativas legales en contra de la corrupción. Alguien dijo que en tiempo de elecciones no hay partido en México que sea conservador y no populista; tampoco hay formación partidaria que no encabece su propia cruzada verbal contra corruptos y criminales. Aunque para hablar se paren sobre la impunidad de sus gobernadores como los aguirres, los montieles, los moreiras, los duartes, los morenos valles. Aunque lleguen a esos procesos cargando con la impunidad de los salinas, la prisión casi abierta a la salida de las gordillos, las declaraciones patrimoniales olvidadas o mentidas.

La constante detrás de esas cruzadas electoreras de saliva y de papel contra la corrupción y la impunidad es que se pronuncian desde el México de los privilegios. Desde la estratósfera social de quienes disfrutan o van a disfrutar de los fueros, de las dietas, las compensaciones adicionales, los bonos, los gastos de representación, las no evaluaciones de desempeño. ¿Podrán en verdad luchar contra la corrupción no individuos aislados, sino los colectivos, las estructuras que más se benefician con la simulación de transparencia, de rendición de cuentas?, ¿podrá este conjunto de poderes, este Estado enfermo terminal de chikungunya moral y criminal -para parafrasear al papa Francisco hablando de la curia- erradicar de este país el terrible cáncer que lo mismo produce ayotzinapas que romerosdeschamps, que casasblancas y bancos progresos?

¿O se tendrá que refundar el Estado desde aquellas y aquellos a quienes la corrupción de los privilegiados les impide el disfrute de sus derechos? Porque el tráfico de influencias en la importación de alimentos lesiona el derecho de los consumidores a acceder a ellos y el de los productores a precios justos para sus cosechas. Porque la adquisición a precios inflados de los medicamentos, cosa común en varios estados de la República, anula el acceso de muchos a la salud. Porque las deudas públicas injustificadas, gastadas con opacidad, encogen los presupuestos para que más ciudadanas y ciudadanos accedan a la educación, a la cultura. Porque el privilegiar a empresas como HIGA priva a otros del derecho más elemental al trabajo.

Nos tratarán de conformar con llegar al 7 de junio sólo con ideas y propuestas de un aparentemente infalible "sistema anticorrupción". Eso no puede permitirse, la voluntad política ha de traducirse, no en proyectos, sino en investigaciones, juicios políticos, desafueros, consignaciones, cárcel, fin de los privilegios.

El viernes pasado en el Senado de la República, Unión Ciudadana puso su grano de arena del desierto chihuahuense para la edificación de un México y un Chihuahua libres de corrupción y de impunidad.


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