La advertencia de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, es más que una frase de campaña: «no nos importa si son gobernadores, iremos tras ustedes». Llega cuando el caso contra Rubén Rocha Moya, el primer gobernador mexicano en funciones acusado formalmente en Estados Unidos, sigue abierto y sin desenlace.
Lo que sostiene la acusación
El 29 de abril, el Departamento de Justicia presentó cargos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. El núcleo del expediente es que Los Chapitos habrían impulsado su candidatura de 2021 mediante el secuestro y la intimidación de rivales. Rocha Moya calificó las imputaciones de «falsas y dolosas» y pidió licencia para facilitar las investigaciones.
Hasta aquí, un caso penal. Lo que lo vuelve político es la distancia entre ambos gobiernos. La Cancillería ha pedido reiteradamente a Washington las pruebas que sustenten los señalamientos, y la fiscal Ernestina Godoy informó en julio que no se habían aportado. Según la información disponible, el gobernador se reincorporó tras más de cien días fuera del cargo, decisión que Gobernación definió como «de carácter personal», para pedir licencia por tiempo indefinido luego de las críticas recibidas.
Dos lecturas irreconciliables
Washington sostiene que actúa contra la protección política del narcotráfico, un delito de enorme gravedad que, de comprobarse, deslegitima a quien gobierna. Morena responde que la acusación «vulnera principios básicos del debido proceso», mientras la oposición exige a la presidenta que se deslinde y facilite el proceso.
Ambas posturas tienen puntos débiles. Quien invoca la soberanía debe explicar por qué las instituciones mexicanas no investigaron antes lo que una fiscalía extranjera presenta como una red de años. Quien invoca la justicia debe explicar por qué una acusación pública, sin pruebas conocidas en México, se anuncia con tono de advertencia política.
El calendario como indicio
Aquí entra la hipótesis de que las acusaciones podrían multiplicarse. Estados Unidos celebra elecciones en noviembre, y el combate a los cárteles rinde dividendos ante un electorado que asocia el fentanilo con la inseguridad doméstica. México, por su parte, renovará 17 gubernaturas en 2027, y cualquier señalamiento sobre candidatos o aspirantes tendrá efectos inmediatos.
Conviene separar el hecho de la conjetura. El calendario electoral no prueba que las imputaciones sean fabricadas, pero sí puede explicar su oportunidad. Una acusación verdadera puede ser, a la vez, políticamente conveniente. Lo inquietante es que, sin acceso a las pruebas, el ciudadano mexicano no puede distinguir entre justicia y conveniencia.
La jurisdicción deja de ser frontera
El elemento más delicado es operativo. Ismael «El Mayo» Zambada llegó a territorio estadounidense en 2024 en circunstancias que su defensa describe como un engaño. La captura de Nicolás Maduro en Caracas, en enero, mostró que Washington está dispuesto a actuar fuera de sus fronteras contra un jefe de Estado acusado. Si un presidente en funciones puede ser capturado en su propia capital, un gobernador o un legislador mexicano no tiene razones para sentirse a salvo por residir en su país.
Esto no significa que vayan a repetirse operaciones de ese tipo en México, que supondrían una crisis diplomática de primer orden. Pero la advertencia de Carter, leída junto a esos precedentes, es una amenaza creíble, y eso basta para modificar el cálculo de cualquier político con riesgos judiciales.
La pregunta que queda abierta
El problema de fondo no es solo si Rocha Moya es culpable. Es qué ocurre con un sistema político cuando la frontera de la responsabilidad penal la fija un tribunal extranjero. Si Estados Unidos es quien investiga, acusa y presiona, las instituciones mexicanas quedan reducidas a espectadoras o a ejecutoras. Si México decide actuar con independencia y rapidez, la presión externa perdería su razón de ser.
Hoy ninguna de las dos cosas está garantizada. La advertencia de Carter hace más urgente lo que ya era pendiente: que las fiscalías, los partidos y los órganos electorales mexicanos demuestren, antes de 2027, que el filtro contra la infiltración criminal funciona desde dentro.
