Pudo ser antes, después o nunca, pero la recaptura de Guzmán Loera exige distinguir lo incidental de lo trascendente.
Si existen razones para su pronta extradición, como los son el riesgo de una nueva fuga, el costo de su custodia y la necesidad de darle vuelta a la hoja toda vez que el gobierno federal fue eficaz al volverlo a encarcelar, deben prevalecer argumentos en contra que son de mayor peso. El Estado mexicano está obligado a cumplir aquí y ahora con el estado de derecho, la justicia, su conveniencia y el decoro nacional.
Ello no implica olvidar lo manifestado hace días en este espacio: que el mayor riesgo no es otra fuga, considerando las medidas recientemente adoptadas al respecto, sino que la propia mafia lo mate en prisión, pues no pocos querrán silenciarlo, y buen argumento daría este hecho a quienes de buena o de mala fe consideran que al gobierno no le conviene que el capo declare sus vínculos con funcionarios, empresarios, periodistas, clérigos, partidos políticos y organizaciones sociales, de aquí y de otros países. No se necesita mucha imaginación para asesinar a un preso, por profesional que sea su resguardo.
Sin embargo, vale considerar que:
1. Los gobiernos son respetados, dentro y fuera, en la medida en que proyectan una imagen fuerte, lo que no se lograría con una extradición rápida. Las autoridades deben hacer lo que la ley les obliga y, después, lo que les permite; primero, lo que al interés nacional conviene y, posteriormente, enviarlo a tribunales extranjeros.
2. La captura, por importante y obligada que haya sido, no resuelve lo trascendente, pues hasta el momento están intocados la organización y los capitales de la mafia —que patrocinan sus secuaces— ni se ha alterado el modus operandi del crimen organizado.
3. El gobierno estadunidense ha demostrado que con los extraditados que recibe cierra un círculo perverso: a) mantiene floreciente el mayor mercado de drogas en el mundo; b) evita en su territorio matanzas que se vienen dando en otros países; c) obtiene información relevante que le permite decidir políticas internas y externas, y chantajear y perseguir a gobiernos, empresas y personas; d) Los yanquis se quedan con grandes fortunas de los criminales a cambio de concesiones, entre ellas protección y reducción de sentencias. Ahora mismo lo están haciendo, gracias a que las autoridades remitentes frecuentemente optan por lo cómodo y no por lo debido.
4. Por eso y por mucho más, en éste y en los demás casos, el gobierno mexicano debe obtener información, decomisar las fortunas involucradas, incluyendo las de poderosas empresas transnacionales que forman parte del blanqueo de dinero, fincar responsabilidades penales y, al último, cuando sea conveniente, extraditar bajo reglas claras y verificables.
Habrá reacomodos, películas y canciones, vendrán venganzas contra el gobierno, pero no debe quedar intacto el narcotráfico, ni sus vínculos con los demás crímenes que tanto dolor y muerte siguen dejando a su paso.
There is no ads to display, Please add some
