La pacificación que los datos no confirman

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México Evalúa presentó un diagnóstico que perfora la narrativa oficial sobre la seguridad en el país. El pasado 14 de julio, el Gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos había disminuido 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, atribuyendo el resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad y al debilitamiento operativo del crimen organizado. El informe De la Violencia a la Pacificación, correspondiente al primer semestre de 2026, somete esa afirmación a dos pruebas independientes: la de medición y la de atribución causal. En ambas, la versión gubernamental encuentra menos respaldo del que sugiere el discurso oficial.

El primer frente cuestiona el indicador mismo. El homicidio doloso, advierte el centro de análisis, describe apenas una fracción de la violencia que quita la vida. Cuando se construye un índice que integra homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas, el panorama cambia de manera sustancial: la tasa de violencia letal permanece 26.1% por encima de su nivel de 2015, el año en que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a publicar reportes de víctimas. Más revelador aún es el cambio de composición: mientras el homicidio doloso y el culposo representaban 80.7% de la violencia letal en 2015, hoy aportan apenas 60.6%. El espacio restante lo ocupan otros delitos contra la vida, que casi triplicaron su tasa, y las desapariciones, que se multiplicaron por más de dos. En ocho de las dieciséis entidades donde el homicidio doloso se redujo desde 2015, la violencia letal en su conjunto empeoró. Por cada víctima de homicidio doloso evitada, aparecieron alrededor de una y media en otras formas de violencia. El indicador que domina el debate público, en suma, no cuenta la historia completa.

El segundo frente, más incómodo para la narrativa gubernamental, cuestiona la causalidad. Ante la inexistencia de una base oficial desagregada —las solicitudes de información de México Evalúa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al SESNSP fueron declinadas—, el equipo reconstruyó manualmente más de 1,800 comunicados oficiales para comparar seis resultados operativos (detenciones, aseguramiento de armas, vehículos, drogas, laboratorios y combustible) con la evolución posterior del homicidio doloso en cada entidad. El hallazgo central es que el Gobierno concentra su actividad donde la violencia ya es alta, un patrón de selección reactiva y no de intervención preventiva. Cuando se examina cada acción por separado, en diecisiete de dieciocho combinaciones entre acciones y horizontes temporales no se identifica una asociación distinguible del azar. La única excepción parcial —el aseguramiento de laboratorios a un mes— pierde significancia estadística al corregir por comparaciones múltiples. Tampoco el índice agregado de intensidad operativa, que combina las seis acciones, sostiene una relación negativa consistente más allá del primer mes.

El patrón temporal refuerza esta lectura. Cuando la violencia cae después de un operativo, la caída suele arrancar desde un pico, no desde la neutralidad, lo que es compatible con una simple reversión a la media y no con un efecto causal demostrable. Además, la reducción también ocurrió en entidades con actividad federal muy inferior al promedio nacional, como San Luis Potosí y Zacatecas, donde los homicidios cayeron 55% y 87% respectivamente con niveles de intervención marginales.

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Nada de esto prueba que la estrategia sea inútil, aclara el reporte; prueba que la carga de sostener la explicación causal recae en quien la formula, y que hoy esa carga no está cubierta con evidencia pública verificable. La conclusión de México Evalúa no es menor: no puede evaluarse la política de seguridad, ni proclamarse la pacificación, sobre la base de un solo indicador y una historia causal no comprobada. Entre la reducción real de un delito y la construcción de una paz sostenible media una distancia que los comunicados de prensa no alcanzan a cerrar.

¿Puede un gobierno reclamar el éxito de una estrategia cuya causalidad ni siquiera sus propios datos logran sostener?

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