Una herida que se reabre en Morelos
El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años atacada la noche del 12 de septiembre en Cuautla, Morelos, mientras asistía a un evento cultural, volvió a colocar el feminicidio en el centro del debate nacional. El caso, investigado desde el primer momento bajo protocolo de feminicidio por la fiscalía morelense, expuso además una falla que suele quedar en segundo plano frente a la indignación mediática: el retraso en la atención de emergencia tras el ataque, un dato que las autoridades locales aún deben esclarecer. La coincidencia temporal con nuevos casos reportados en Jalisco confirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de la manifestación más reciente de un patrón estructural que atraviesa el país sin distinción de origen, edad o condición social de las víctimas.
La aritmética que desmiente el optimismo
El discurso gubernamental insiste en una narrativa de progreso: la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido una iniciativa para homologar el tipo penal de feminicidio en las treinta y dos entidades, con penas de hasta setenta años de prisión, y ha presumido una reducción de más del treinta por ciento en los casos durante su primer año de gobierno. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, correspondiente a 2025, ofrece una lectura menos favorable: los delitos sexuales continúan golpeando de manera desproporcionada a las mujeres, con una tasa de incidencia de 3,365 casos por cada 100 mil, frente a apenas 341 entre los hombres, es decir, diez delitos sexuales contra mujeres por cada uno registrado contra varones. Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han cuestionado además la solidez metodológica detrás de las cifras oficiales de reducción, al señalar que México sigue registrando miles de asesinatos de mujeres al año y que solo una fracción se clasifica e investiga formalmente como feminicidio. La disonancia entre el anuncio político y el dato duro constituye, en sí misma, una forma de violencia institucional: la que niega, minimiza o posterga el reconocimiento pleno del problema.
El doble discurso del poder territorial
Mientras la Presidencia construye un relato de compromiso legislativo con la causa de las mujeres, la realidad municipal ofrece un contrapunto incómodo. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, justificó públicamente la designación exclusiva de hombres al frente de los concejos municipales de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco —zonas con presencia documentada de grupos delictivos— argumentando que resultaba “delicado” y “un tema de riesgo” colocar a una mujer en esos territorios. La propia Sheinbaum calificó la declaración de “no muy afortunada”, y horas después el mandatario poblano matizó su postura, reconociendo la “plena capacidad” de las mujeres para ejercer cualquier cargo. El episodio, sin embargo, no puede leerse como un simple traspié retórico: revela cómo, incluso dentro de las filas de un movimiento que se presenta como abanderado de la igualdad de género, subsiste una lógica paternalista que equipara la protección de las mujeres con su exclusión de los espacios de poder en zonas de riesgo, en lugar de exigir que esos territorios sean seguros para gobernar sin distinción de sexo. Esta fractura discursiva erosiona la credibilidad de cualquier estrategia nacional contra la violencia de género, porque sugiere que la respuesta institucional depende más de la conveniencia política de cada actor que de un compromiso uniforme y verificable con los derechos de las mujeres.
La brecha entre el anuncio y la calle
El contraste entre los datos de la ENVIPE, la muerte de Claudia Tacoronte y las declaraciones de Armenta configura un escenario en el que la retórica oficial —leyes, alertas, cifras de reducción— convive con prácticas cotidianas que perpetúan la vulnerabilidad femenina, ya sea por omisión operativa, por lentitud en la respuesta de emergencia o por prejuicios explícitos entre quienes ejercen el poder regional. La responsabilidad, en este contexto, no puede recaer únicamente en el aparato de procuración de justicia; exige una revisión de la cultura política que sostiene, todavía, la idea de que la seguridad de las mujeres es negociable frente a otros cálculos de gobernabilidad.
¿Puede sostenerse un discurso nacional de igualdad de género mientras persisten decisiones locales que reproducen la lógica de que ciertos territorios no son aptos para que una mujer gobierne ni para que una mujer viva con seguridad?
