Una renovación que nunca llegó
Estados Unidos decidió el pasado 1 de julio no respaldar la extensión automática del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por otros 16 años, la opción que tanto México como Canadá habían favorecido. En su lugar, Washington optó por un mecanismo inédito de revisiones anuales, previsto en el artículo 34.7 del propio acuerdo, que mantendrá vigente el tratado hasta 2036 salvo que alguna de las partes decida retirarse o que los tres países acuerden antes una prórroga. La Oficina del Representante Comercial estadounidense fue explícita: Washington continuará negociando con ambos socios para «subsanar deficiencias» y atender los déficits comerciales que mantiene con cada uno. La decisión no derogó el tratado, pero sí instaló una condición estructural de incertidumbre: ningún inversionista, cadena de suministro automotriz o exportador agroindustrial puede hoy planear a diez años bajo un marco que se renegocia todos los ejercicios fiscales.
Canadá se margina y mira a Bruselas
Mientras México sostiene rondas bilaterales técnicas —con una tercera fase de negociación centrada en aranceles automotrices, la sección 232 sobre acero y aluminio, y una revisión de reglas de origen que, según el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, podría extenderse hasta 2027 por su complejidad—, Canadá ha permanecido al margen de esas conversaciones trilaterales. El giro canadiense se hizo explícito el 17 de septiembre, cuando el primer ministro Mark Carney recibió una ovación de pie en el Parlamento Europeo tras la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de convertir a Canadá en el primer «miembro asociado» de la Unión Europea, una figura sin precedente jurídico claro pero con vocación de sustituir el actual tratado de libre comercio bilateral por una «Alianza para el Futuro» en salud, defensa, energía y minerales críticos. Carney fue categórico: «Nadie va a dictar nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos a nivel internacional». La cumbre bilateral entre Canadá y la UE está prevista para el 29 y 30 de octubre en Montreal.
La respuesta de Washington confirma el patrón
Trump calificó la propuesta europea de posible «acto hostil» y amenazó con aranceles severos contra el bloque comunitario si interpretaba que la maniobra buscaba perjudicar los intereses estadounidenses. La reacción es congruente con un patrón ya documentado: el presidente estadounidense combina presión arancelaria con exigencias de lealtad geopolítica, tratando los acuerdos comerciales como instrumentos de alineamiento antes que como marcos de reciprocidad económica. Resulta revelador que, en el mismo episodio, Trump haya declarado sentirse «muy cerca» de alcanzar un «gran acuerdo» con México —al que llamó el «tercer pilar» del esquema comercial norteamericano— y, acto seguido, cuestionara públicamente por qué su país debería seguir sosteniendo a Canadá, a México y a varias naciones europeas, a las que atribuyó un déficit conjunto de 200 mil millones de dólares. La combinación de cercanía discursiva y reclamo simultáneo del déficit ilustra la naturaleza transaccional, no institucional, de la política comercial vigente.
El fondo del debate: ¿todavía es libre comercio?
Aquí se ubica el punto que analistas mexicanos han empezado a subrayar con insistencia: un tratado que combina aranceles remanentes —México mantiene un gravamen del 10% pese a que el 85% de sus exportaciones cumple las reglas de origen preferenciales— con exigencias crecientes de contenido regional y un concepto aún indefinido de «seguridad económica», se aleja de la definición clásica de libre comercio. Washington argumenta que fortalecer las reglas de origen protege la integración productiva de Norteamérica frente a la triangulación de insumos asiáticos; México y los sectores exportadores replican que ese mismo mecanismo, aplicado de forma unilateral y sujeta a revisión anual, introduce un riesgo regulatorio que ninguna palanca de inversión de largo plazo puede absorber. Ambas posiciones tienen sustento técnico, pero conducen a una misma conclusión incómoda: el T-MEC de 2026 ya no es el instrumento de certidumbre jurídica que fue diseñado para ser en 2020, sino un espacio de negociación permanente donde el poder de mercado, más que la reciprocidad normativa, define los términos.
La pregunta que Norteamérica evade
Si Canadá construye su futuro comercial en Bruselas y México negocia año con año bajo la amenaza arancelaria, ¿qué queda exactamente del proyecto de integración norteamericana que el propio Trump bautizó en 2020 como «el mejor acuerdo comercial jamás firmado»?
