Protestas, inconformidades, insultos y burlas, provocó la exoneración que hizo la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los posibles conflictos de interés, entre HIGA por las casas compradas y el presidente, su mujer y el Secretario de Hacienda.
¿Quién tiene razón, el secretario Andrade o sus detractores? Debo decirlo sin rodeos: el Secretario Andrade la tiene. Lo grave de estas inconformidades es que son más que nada, explosiones emocionales, resultado de la frustración, que de un análisis del dictamen de la SFP.
Quienes no están de acuerdo, deben probar que ese dictamen es erróneo. No sirve de nada decir que es una burla, un insulto a la inteligencia, una decepción y otras expresiones manifestadas. Esta no es una reacción correcta, es visceral. Visceral pero sin duda más que explicable, y explicable pero no justificada.
¿Qué es lo que pasa? Que la SFP hizo su trabajo conforme a las leyes y toda normatividad vigente aplicable al caso, no faltó ni sobró nada. Además, lo hizo dentro de las facultades que la Ley le concede, ni se extralimitó ni se limitó.
Quienes alegan que no bastan las pruebas documentales y testimoniales están en un error. No se puede juzgar en este país, ni por el Ejecutivo ni por el Poder Judicial, de otra manera. Todos los “se dice”, “se sabe”, pueden servir para formarse una opinión, pero no caben en un dictamen de auditoría ni cabrían en un juicio conforme al Derecho mexicano.
Como a la mayoría de los mexicanos, no me satisface el resultado gubernamental de EPN, pero la investigación de la SFP, no es ninguna simulación, y como digo, es completa y apegada a Derecho y a las facultades de la propia SFP.
Pude seguir por televisión parte de la larguísima conferencia de prensa, en donde el Secretario Andrade respondió correcta y adecuadamente a las preguntas de los “chicos de la prensa”. Una observación que hago, es que las preguntas en general, me demostraban también en general, un gran desconocimiento del tema de las labores de auditoría que hace la SFP y de lo que dicen las leyes aplicables.
Lo mismo observo respecto a los críticos del trabajo hecho por Virgilio Andrade. Faltan argumentos para descalificar técnicamente dicho trabajo, y ante su falta, se ha lanzado una andanada de insultos injustificables. Algunos dicen que es “deficiente”, pero faltan los argumentos para respaldar el calificativo.
Cuando Peña Nieto encargó al flamante Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que hiciera la investigación, yo comenté saber el resultado, pues la mayor parte de los hechos, si no todos, son anteriores a la toma de posesión de EPN y su gabinete, el primero de diciembre de 2012, ajenos al ámbito federal.
O eran asunto local, del Estado de México, o lo eran de ciudadanos que en ese momento NO eran servidores públicos FEDERALES. Una de las grandes fallas de los agresores del Secretario Andrade, es no tomar en cuenta que la SFP solamente tiene facultades de indagar en asuntos del gobierno federal, y de servidores públicos federales. Igualmente tiene facultades para investigar a otros funcionarios locales, pero en el manejo de fondos o bienes FEDERALES, es todo.
Quienes se quejan de que la legislación no es suficiente para poder acusar a alguien de delitos de corrupción, pueden estar en lo correcto, pero de allí a esperar o exigir que una investigación de la SFP se extralimite en sus facultades legales, es otra cosa.
Pasados los momentos de rabia, de inconformidad y de insultos y burlas, quien considere técnica y jurídicamente que el dictamen de la SFP está equivocado y sea “a modo”, tendrá todo lo necesario para probar su dicho, ya que la propia SFP ha puesto a disposición de quien sea, toda la documentación del caso, en su portal de la Red.
La resolución de la SFP sobre el posible conflicto de interés, no es sinónimo de subordinación, de servilismo o de inmunidad, es asunto de apego a la legislación vigente. Quien no esté de acuerdo, con argumentos legales, puede recurrir a otras instancias, pero la de la SFP está bien sustentada.
¿Qué hubo posibles conflictos de interés, que hay señales que así lo indican (pero sin sustento legal)? Es posible. Hay muchas dudas respecto a licitaciones y obras, sobre todo en el gobierno de EPN en el Edomex. Que la suspensión de la obra del tren Distrito Federal – Querétaro es sospechosa… muy cierto, lo es. Lo saben Peña Nieto y la ciudadanía. Pero probar que hay “tranza” aún está por verse.
Lamentablemente, la colusión entre autoridades y prestadores de servicios es muy común, como lo son las licitaciones a modo; pero probarlas en juicio es muy difícil. ¿Huecos en la legislación? Sin duda, pero más que todo, es la falta de formación moral, que padecen muchos ciudadanos, sean o no servidores públicos.
Se han señalado muchas sospechas de corrupción entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto, en el Edomex y en la federación, con su gran contratista HIGA; pero para efectos legales, sean de auditoría, de investigación o en su caso de juicio ante el Poder Judicial, las sospechas no hacen prueba.
En muchas ocasiones, quienes son responsables de la vigilancia de la conducta gubernamental, pueden percibir, como muchos ciudadanos calificados, que hay malos manejos de fondos y bienes públicos. Pero de allí a encontrar pruebas que acepten un juez o un magistrado, hay un mundo de distancia. En México y en el mundo entero.
Por último, sería interesante saber cuántos de quienes descalifican el dictamen de la SFP y su exoneración, lo hacen habiéndolo escuchado o leído o lo hacen solamente por su resultado. Pienso que la inmensa mayoría está en este último caso: ni lo conocen pero lo descalifican, simplemente porque no les gusta.
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