Por el lado que se quiera ver, el haber introducido como una prioridad de la agenda nacional la propuesta de reforma electoral, en los términos y condiciones como la llevada a cabo, es insensible, imprudente, desgastante, políticamente indefendible y, desde la perspectiva ética: degradante.
En principio, en virtud de que existen grandes problemas que requieren la atención del gobierno federal sin contratiempos, dedicando esfuerzos y recursos económicos en paliar el temporal que padecemos, comenzando por la gobernabilidad; generando confianza y; recuperando imagen en el exterior, rubros que se componen de temas y materias que ante la falta de estrategia adecuada y acciones efectivas ha minado la calidad de vida de los mexicanos y ganado a pulso un desprestigio internacional.
Es degradante la forma y el fondo de la propuesta, en tanto que no va dirigida a fortalecer el sistema democrático del país, sino que se trata de una imposición que lastima severamente la equidad y solamente beneficia al partido en el poder, ese tipo de cambios se hace buscando el más amplio consenso.
Sin embargo, las aportaciones ciudadanas en los foros de consulta -como se había anticipado- fueron bateadas, simplemente se trató de un ejercicio para cubrir un formato de mera tramitología en el expediente.
Los Partidos Políticos fueron ignorados por completo; tratados con total desdén, como si no existieran, pese al sistema de partidos, por lógica elemental era esencial escuchar sus puntos de vista sin descartarlos a priori, no obstante, fueron considerados en calidad de irreconciliables enemigos, aún siendo instituciones de interés público.
Eso mismo ocurre con la injerencia de delincuencia organizada en los procesos electorales, aspecto que no fue motivo de preocupación en la iniciativa, pues el tema ni siquiera fue abordado. Ese tratamiento omisivo también fue aplicado a la sobrerrepresentación, lo que refleja la intención de apoderarse y asegurar el control parlamentario sin respetar límite alguno y menos la voluntad ciudadana como acontece ahora.
Como se deja entrever, ningún grupo parlamentario a excepción del oficial acompaña la propuesta de la presidenta, pues al reducir la pluralidad y allanar el camino a la instauración de un Partido de Estado, ni siquiera sus aliados la apoyan, escenario que indica una iniciativa de reforma constitucional intransitable al no contar con el número de votos necesarios para su aprobación.
Sin embargo, a sabiendas que no pasaría, decidió presentarla, calculando un costo político mayor si no lo hacía e implementando una estrategia de comunicación en contra de la oposición -como siempre, la culpa es de Calderon-, añadiendo que cuenta con un plan “B”.
Sin necesidad de hurgar mucho, el plan “B”, se refiere a reformas de carácter legal que no requieren las dos terceras partes de los votos en las Cámaras, debido a ello, no necesitan a ningún otro grupo parlamentario, Morena tiene los legisladores suficientes para sacarlas adelante.
Ahora lo delicado del asunto, consiste en que aprueben reformas a leyes secundarias contrarias a la propia constitución —lo que ya es práctica común—, sobre la base de tener a su lado a la Suprema Corte de Justicia, que se prevé avalaría tal desatino.
