La Suprema Corte de Justicia dio palo a la solicitud de dos millones de mexicanos, movilizados por Acción Nacional, para someter a consulta popular un cambio en el modelo de retribución al trabajo humano en nuestro país. La mayoría de los ministros determinó que la propuesta afectaría los gastos del estado y ello encaja dentro de las causales que la constitución establece como vetadas para ser sometidas a la libre deliberación y soberana resolución de los ciudadanos. Los dirigentes del PAN, con civilidad institucional acataron el fallo. La Corte habló, la causa terminó.
Sí, finalizó el litigio jurídico-político, pero lamentablemente permanece el conflicto socio-económico. En los mismos días en los que los más altos jueces de la nación se devanaban los sesos en el estudio del expediente salarial, se conocieron cifras del comportamiento de la economía que no son para alegrar a nadie.
El esperado crecimiento del PIB será desilusionante en este año y las expectativas de un veloz repunte en 2015, merced a las inversiones motivadas por las sobrevendidas reformas estructurales, en particular la energética, comienzan a desvanecerse por los escenarios depresivos en la industria petrolera internacional así como por la desconfianza que despertaron entre los capitalistas extranjeros los casos de Tlatlaya e Iguala.
El caso es que la apuesta de este gobierno para detonar el crecimiento económico sustentada en el sector externo, de las inversiones extranjeras y de los grandes proyectos de infraestructura comienza a plantear serias dudas. La alternativa de la reactivación a través del mercado interno, otorgándole mayor capacidad adquisitiva a los asalariados garantizando el ingreso para cubrir el consumo básico de una familia, sufrió un duro golpe.
El escenario que se dibuja para los próximos años es inquietante, porque la única variable firme para la estimulación de la economía será el gasto público. Ya sabemos a dónde nos puede llevar esa adicción.
De acuerdo a los datos sobre el futuro de los precios del petróleo, lo que ahora se debería hacer es adelgazar severamente los inflados presupuestos públicos y bajar los impuestos. Pero no se hará porque el año venidero es electoral y los gobiernos y sus partidos quieren tener las arcas llenas para obras, para programas sociales que amarren votos, para regalar dinero, televisiones y cualquier quincallería que suscite la adhesión de los electores. Así rezan los anuncios del PRI en el Valle de México: "en cada apoyo estamos nosotros". Como dice la canción: que siga la jarana aunque no comamos mañana.
Lo único seguro es que se hartarán de metálico los contratistas de las obras y los favorecidos por las concesiones en este modelo de mercantilismo de compadres, los intermediarios de las políticas populistas y por supuesto, los funcionarios públicos que resulten electos. Otra vuelta en la tuerca de la concentración del ingreso.
Algunos dirán que será mejor derramar algún dinero entre las masas, para sofocar los preparativos de rebelión social que los radicales impulsan a partir de los acontecimientos en Guerrero. A mi juicio será inútil y terminará por agravar la situación. La miseria y la pobreza que campea en el país, la falta de empleos y oportunidades, precursores del imperio de la delincuencia y su barbarie son el resultado de la destrucción a la que estuvo sometida la economía mexicana durante los gobiernos irresponsables del PRI. El regreso de esa política tal vez podrá darles la ansiada hegemonía que tanto buscan en las próximas elecciones, pero será como los pasteles que María Antonieta sugería repartir entre los revolucionarios franceses.
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