El Partido Acción Nacional (PAN) vuelve a enfrentar los problemas que han estancado su crecimiento electoral. El resultado de la Asamblea Nacional del pasado sábado 29 de noviembre demuestra la persistente división interna de esta fuerza política, cuyo futuro, además, se ve ensombrecido por los recientes cambios en la FGR.
En primer lugar, tras los trabajos para reformar los estatutos, surgieron denuncias de que la Asamblea fue una simulación. El argumento es que no se abordaron a fondo los cambios necesarios para el partido, previamente anunciados en el evento de relanzamiento de octubre pasado.
La carta de varios exgobernadores panistas, en la que pedían cambios para que el partido retomara la senda de las victorias electorales, no fue tomada en cuenta por una dirigencia nacional que, al parecer, desoyó otros puntos de vista o propuestas.
Adriana Dávila, excandidata a la presidencia del partido, denunció en un artículo difundido previamente a la Asamblea Nacional que «al dejar fuera varias de las propuestas centrales, esa oportunidad se reduce. El mensaje que hoy se envía es tibio: continuidad maquillada, más que cambio verificable.»
Y añade: «Quedaron fuera las piezas clave que dan certeza a quienes militan, participan y aspiran a una candidatura, y también a quienes esperan una institución sólida capaz de enfrentar al oficialismo con toda la fuerza social que se requiere».
De igual forma, Dávila apuntó: «En los ejercicios de consulta, de un padrón cercano a 300 mil militantes, apenas participaron alrededor de 10 mil, cerca del 3%. Ese dato, por sí mismo, enciende focos rojos sobre la profundidad del diálogo interno y la representatividad del documento que hoy se presenta como ‘consensuado’. Si solo una minoría tuvo voz efectiva en el proceso, la confiabilidad y la credibilidad del resultado quedan inevitablemente en entredicho».
Uno de los cambios estatutarios más controversiales es la reintroducción del concepto de «militante adherente». Esta figura había desaparecido hace años para que el partido contara con una sola categoría de militantes. Los adherentes son el equivalente a los simpatizantes con credencial. Los integrantes de esta categoría no tienen los mismos derechos que los «militantes activos» —por ejemplo, participar en la selección de candidatos o en procesos internos para elegir consejeros—, aunque sí podían votar en la elección del candidato presidencial si esta era abierta.
Asimismo, las reformas incluyen las siguientes modalidades para elegir candidatos: elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas, elección directa de la militancia activa y método mixto. Es notable que se conserven las encuestas, lo que —como han denunciado panistas inconformes— sugiere que se reserva este recurso para facilitar alianzas con otros partidos.
Otro aspecto relevante es que la intención difundida desde el «relanzamiento» era que la ciudadanía sería la encargada de elegir a los candidatos a cargos de elección popular, pero los nuevos estatutos prevén una elección directa de la militancia activa.
Todo esto confirma las denuncias de simulación por parte de la actual dirigencia nacional, que ha hecho poco para resolver los verdaderos problemas que el PAN arrastra desde hace años: la presencia de grupos internos que controlan estructuras, militancia, presupuestos y candidaturas. Estos grupos, además, discriminan y marginan de la toma de decisiones a quienes no forman parte de sus equipos.
Para completar el panorama de preocupación entre quienes aún esperan un resurgimiento panista, los recientes cambios en la FGR representan una nueva alerta. La investigación del llamado «Cártel Inmobiliario» —que ya tiene en la cárcel a un exjefe delegacional del PAN en la alcaldía Benito Juárez, puesto que ocupó el actual dirigente nacional Jorge Romero— estuvo a cargo de Ernestina Godoy. Ahora, al frente de la Fiscalía y en un escenario electoral donde Morena buscará presionar a la oposición, Godoy podría desempolvar el expediente para ir en contra del presidente del partido e influir en las decisiones internas, algo que podríamos atestiguar en los meses por venir.
Aunque Romero ha desestimado la posibilidad de que el asunto lo afecte, no debe olvidarse que ya hay personas en prisión por este caso, y que la investigación sigue abierta. Además, es previsible que Morena recurra sin miramientos a este instrumento para presionar al PAN. Basta con revisar el caso de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, a quien ven como una rival a considerar para las elecciones de 2027 y a quien han investigado, incluyendo a sus familiares cercanos, con miras a la próxima campaña electoral.
Quizá sea necesario que se le advierta a Jorge Romero que no basta una retórica llamativa para desactivar las amenazas en su contra que podrían afectar el desempeño electoral de su partido. Incluso, debería considerar la posibilidad de hacerse a un lado para evitar ser la parte más débil del hilo blanquiazul, que podría romperse en las siguientes elecciones.
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