La premisa fundamental del contrato social —la cesión de soberanía a cambio de seguridad— ha entrado en una fase de descomposición terminal en el Estado mexicano. No asistimos simplemente a una crisis de gestión pública, sino a una mutación ontológica del Estado: este ha pasado de ser el garante del orden a convertirse en un gestor de la impunidad y un arquitecto del olvido. La elusión de la responsabilidad frente a las desapariciones forzadas no es una omisión fortuita, sino una estrategia deliberada de supervivencia institucional.
El fenómeno de las desapariciones, ya sean ejecutadas por el crimen organizado o por agentes estatales, revela una aterradora porosidad en las fronteras del poder. Cuando el Estado manipula las cifras y descalifica a los colectivos de buscadores, no solo falta a la verdad estadística; está cometiendo una agresión contra la memoria colectiva. Esta renuencia a asumir el deber de protección transforma al Estado en un ente cómplice por aquiescencia. La retórica oficial busca desplazar la culpa hacia las víctimas o hacia herencias administrativas del pasado, una maniobra que en sociología política denominamos «desresponsabilización sistémica». Al negar la magnitud de la tragedia, el Estado intenta inmunizarse contra la rendición de cuentas, pero en el proceso, pierde su razón de ser.
La situación se agrava al analizar la Ley General de Feminicidio. Aquí, la contradicción es flagrante: se legisla para la galería internacional mientras se asfixia presupuestalmente la operatividad de la norma. Es el triunfo del simulacro. Una ley sin arquitectura institucional, sin suficiencia financiera y sin un diálogo genuino con la sociedad civil es, en el mejor de los casos, una pieza de literatura jurídica inútil y, en el peor, una herramienta de pacificación retórica que permite al Estado seguir ignorando la carnicería de género. La falta de claridad jurídica no es un error de técnica legislativa, sino un mecanismo de opacidad que garantiza que la justicia sea la excepción y no la regla.
Para la academia y la ciudadanía consciente, el diagnóstico es severo: México atraviesa una erosión de su soberanía interna. Cuando el control territorial y la integridad física de los ciudadanos son moneda de cambio en las negociaciones de poder —o en la simple dejadez administrativa—, el Estado se convierte en un cascarón vacío. La soberanía no se ejerce con discursos de plaza pública, sino con el monopolio legítimo y ético de la fuerza, orientado a la preservación de la vida. Al renunciar a este fin primario, el sistema político mexicano no solo incumple su deber, sino que asume la responsabilidad histórica y jurídica de cada ausencia. La negligencia institucional no es ausencia de política; es una política de abandono deliberado que invita a la reflexión urgente sobre la viabilidad de nuestra democracia.
