Irregularidades y recorte presupuestal anticipan fracaso de la elección de jueces y magistrados en 2025

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Se ha reconocido que no hubo un diagnóstico serio para realizar una reforma que se originó por una ocurrencia del expresidente López Obrador, se negó al INE una prórroga necesaria para organizar correctamente una elección que ya se anticipaba complicada, además de que se han detectado irregularidades en los registros de los aspirantes a convertirse en candidatos.

Ahora se prepara un recorte presupuestal para el INE con lo que está en riesgo la instalación de las casillas necesarias para llevar a cabo la votación.

Pero esto no importa al partido oficial que espera que los jueces y magistrados electos, aún con una participación baja –similar a la que se dio en la consulta para enjuiciar expresidentes–, sean los que está impulsando para apoderarse completamente del Poder Judicial y usar la justicia a capricho.

Así el INE no obtendrá los más de 13 mil millones de pesos que estimó costará el proceso electoral para cumplir con el capricho del expresidente, ni siquiera podrá cumplir por falta de recursos el cronograma contemplado y tendrá que instalar menos casillas o centros de votación para una elección compleja con muchos candidatos y que no está despertando el interés ciudadano.

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Todo esto beneficia el plan de la 4T para apoderarse del Poder Judicial y contar con un régimen autoritario en el que sólo ellos puedan decidir que se puede hacer en materia de justicia.


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