La elección judicial en México se encuentra en un torbellino de incertidumbre debido a la falta de una reglamentación clara y oportuna. A pesar de la buena intención del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer un marco legal, la implementación de las disposiciones ha generado más dudas que certezas, de acuerdo al seguimiento que lleva a cabo el Observatorio Electoral Judicial (OEJ).
Desde el inicio, la reforma constitucional que introdujo la elección judicial omitió establecer un andamiaje legal sólido, lo que provocó un vacío normativo y dejó un amplio margen para la reglamentación posterior. La tardía emisión de reglas por parte del INE ha colocado a los candidatos en una situación de inequidad, con normas que restringen la contienda y dificultan la práctica.
Las limitaciones impuestas a las candidaturas, como la prohibición de realizar actos de arranque de campaña, la restricción de la publicidad y la imposibilidad de instalar casas de atención, han reducido drásticamente sus opciones de promoción. Actualmente, las redes sociales (sin pauta publicitaria) y la entrega de impresos reciclables son prácticamente las únicas vías disponibles para que los candidatos se den a conocer.
Esta falta de claridad en las reglas no solo afecta la interacción entre candidatos y ciudadanos, sino que también frena la deliberación pública sobre las cualidades e idoneidad de los aspirantes a la judicatura. La ciudadanía enfrenta dificultades para conocer a los candidatos y procesar la gran cantidad de información necesaria para tomar una decisión informada. El desorden en la publicación de las listas y la confusión en el proceso de votación complican aún más el panorama.
Además, la contradicción en los argumentos de los órganos jurisdiccionales añade incertidumbre al proceso. Mientras que en algunos casos se considera que la elección judicial no involucra a los partidos políticos y, por lo tanto, no se aplican las reglas de las elecciones políticas tradicionales, en otros casos se equiparan ambos procesos. Esta falta de criterios claros dificulta el desarrollo de la contienda y exige una postura clara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de estos desafíos, el INE ha avanzado en la capacitación de los funcionarios de casilla, con un alto porcentaje de ciudadanos visitados y notificados. El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) destaca la importancia de esta capacitación y se mantiene vigilante para asegurar que los funcionarios de casilla estén debidamente preparados para la jornada electoral.
En este contexto complejo, el OEJ hace un llamado al INE para mejorar sus estrategias de monitoreo y fiscalización, y exhorta a los candidatos a cumplir con las reglas establecidas. La integridad de la elección judicial y la confianza en el sistema de justicia dependen de ello.
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