El comando promotor de la liberalización, semejante al que derribó las Torres Gemelas el 11S, derribó el edificio de certezas jurídicas imperantes sobre la materia
Un grupo de ocho personas emplazó a la mayoría silenciosa de 120 millones de mexicanos a terminar con una vieja discusión: ¿qué hacemos con las drogas, las legalizamos o seguimos con la política prohibicionista?
El comando promotor de la liberalización, semejante al que derribó las Torres Gemelas el 11S, derribó el edificio de certezas jurídicas imperantes sobre la materia. El primer avión, SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante) piloteado por un cuarteto de abogados, empresarios y activistas contra la delincuencia urdió un amparo. Solicitó a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) autorización para producir y consumir cannabis con propósitos lúdicos. Sabían que su petición sería denegada con fundamento en lo establecido en la Ley General de Salud (LGS). Acto seguido demandaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la protección de sus derechos humanos.
El segundo aeroplano, guiado por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, declaró inconstitucionales los artículos prohibicionistas de la LGS y reivindicó la libertad de los cuatro suplicantes para gozar del estupefaciente para el desarrollo de su personalidad. El fallo consagró el derecho al autoconsumo, se estrelló contra las construcciones legales precedentes y colocó al gobierno, a los legisladores y a la sociedad mexicana frente a un hecho consumado. Una ringlera de peticiones iguales a las de SMART ya se enfilan para convertirla en jurisprudencia firme. El Estado tiene que asumir el fin de una época; está obligado a definir con claridad una nueva política nacional sobre drogas.
El ministro Cossío, alejado de simplismos despenalizadores, al razonar su voto a favor del proyecto liberalizador señaló: “no podemos otorgar una autorización abierta a los quejosos sin acompañarla de lineamientos para el establecimiento de una política pública integral en materia de drogas”. Ahí está el meollo de la cuestión. El enfoque garantista que adoptó la Corte se debe perfeccionar; no se puede disociar de otros derechos igualmente fundamentales para el crecimiento armónico de la personalidad, consustanciales a la dignidad humana: el derecho a la salud y el derecho a la seguridad.
El argumento más repetido a favor de la despenalización de los estupefacientes propone la apertura de su mercado para abatir su precio y arruinar el negocio de los delincuentes, así la violencia criminal disminuirá. En el contexto mexicano no hay evidencia empírica que lo demuestre. Por el contrario, lo que se ha visto en nuestro medio es que cuando el crimen organizado deja de tener ingresos busca reponerlos con la industrialización de otros delitos. Lamentablemente el escenario más probable es que los cárteles seguirán sembrando muerte y derramando sangre. A esto hay que agregar que, legalizadas o proscritas, las drogas son destructoras del tejido social. El argumento parece un desesperado espejismo.
La sociedad mexicana no está convencida de las bondades de la legalización de la marihuana: EL UNIVERSAL recién publicó una encuesta que reveló un desacuerdo del 66 por ciento. Otra empresa periodística publicó el sondeo de BGC, Beltrán, Juárez y Asociados con el mismo rango de rechazo. Por lo pronto se puede decir que el fallo de los cuatro ministros de la Corte no corresponde a una demanda popular. Lo bueno es que el debate nacional ya comenzó. Se debe zanjar la cuestión con la herramienta democrática por excelencia: la consulta popular. El 5 de junio de 2016 habrá elecciones en 13 estados. Esa es la fecha adecuada para convocarla en todo el país. ¡Que la mayoría silenciosa se exprese y dicte el veredicto final!
There is no ads to display, Please add some
