Han surgido revelaciones que vinculan a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con operaciones comerciales relacionadas con el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto que recientemente sufrió un descarrilamiento con consecuencias fatales. El medio Latinus divulgó audios y documentos que detallan cómo Andrés Manuel López Beltrán (Andy) y Gonzalo López Beltrán (Bobby) habrían participado en una red de negocios para suministrar balasto, material esencial en la construcción de vías férreas. Estos materiales provenían de constructoras asociadas a Amílcar Olán, amigo cercano de los hermanos, quien mantuvo contratos pese a irregularidades previas. La información se basa en grabaciones donde se discuten transacciones y comisiones, sugiriendo un esquema para beneficiar a allegados al anterior gobierno.
El descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, resultando en 14 fallecidos y 98 heridos. Este incidente, el más grave en la operación del tren, ha intensificado el escrutinio sobre la calidad de la infraestructura, con reportes de durmientes defectuosos y rieles inadecuados. Audios previos, divulgados por Mexicanos Contra la Corrupción en 2024, ya vinculaban a Bobby con minas oaxaqueñas para extracción de balasto, advirtiendo riesgos como posibles descarrilamientos. Estas revelaciones plantean interrogantes sobre si las decisiones comerciales influyeron en la seguridad del proyecto, valorado en miles de millones de pesos y promovido como eje de desarrollo regional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con escepticismo a estas acusaciones. En conferencias, cuestionó la necesidad de investigar a familiares de su antecesor, argumentando que las pruebas presentadas por Latinus carecen de validez y forman parte de una campaña de desprestigio. Sheinbaum enfatizó la prioridad en atender a víctimas y realizar indagatorias técnicas por parte de la Fiscalía General de la República, desestimando vínculos directos con corrupción. Esta postura contrasta con demandas de la oposición, como las de Xóchitl Gálvez, quien urge auditorías independientes y acusa impunidad en obras emblemáticas.
Estos elementos generan polémica al evocar temas de nepotismo y responsabilidad en la administración pública. Por un lado, críticos argumentan que los audios evidencian un patrón de favoritismo en proyectos federales, similar a irregularidades en el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde sobrecostos y opacidad han sido recurrentes. Esto podría erosionar la confianza en instituciones, fomentando percepciones de doble estándar: mientras se persiguen opositores, se protegen aliados. Defensores, en cambio, ven en estas revelaciones una estrategia mediática para desestabilizar al actual gobierno, recordando que Latinus ha sido acusado de sesgo por figuras oficialistas. La polarización se acentúa en redes, donde hashtags y publicaciones amplifican narrativas de corrupción versus conspiración.
Analíticamente, este caso ilustra tensiones en la transición de poder dentro de Morena, donde lealtades pasadas chocan con demandas de transparencia. Investigaciones imparciales podrían aclarar si hubo negligencia contributiva al siniestro, priorizando hechos sobre afinidades políticas. Sin ellas, el debate se estanca en recriminaciones, distrayendo de mejoras en seguridad ferroviaria y rendición de cuentas. En un año electoral incipiente, tales controversias podrían influir en la percepción pública de la continuidad gubernamental, equilibrando desarrollo económico con integridad institucional.
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— Latinus (@latinus_us) January 2, 2026
