La fiscalización de partidos y candidatos adquirió importancia desde 1996, cuando los primeros empezaron a recibir cuantiosos recursos públicos, tanto para sus actividades ordinarias como para campañas. La tarea fue encomendada, desde el Cofipe, a una comisión de consejeros electorales del Consejo General del IFE, auxiliada por personal técnico, sujeto a las determinaciones de aquéllos.
Pasadas las elecciones del 2000 dos casos se volvieron noticia: Pemexgate y Amigos de Fox, que dieron lugar, después de varios meses de investigación y debates, a las multas más elevadas que el IFE impuso a partidos políticos (PRI y PAN, respectivamente). Por el monto de las sanciones y los partidos multados ambos casos fueron convertidos en paradigma; aunque, como al final se constató, los trabajos de la Comisión de Fiscalización fueron sesgados y por ello cuestionables.
Basta recordar que en el primero de los casos la vertiente jurisdiccional concluyó con la exoneración de los presuntos responsables, lo que no fue óbice para que el IFE cobrara al PRI la multa; y que en el segundo, a instancias de su presidente, la Comisión citada resolvió primero dar carpetazo al asunto, para luego reabrirlo por decisión judicial; reducciones en la multa también despertaron polémica.
Por esas experiencias, y por la reiterada práctica de que los partidos cabildeaban con los consejeros electorales para salir bien librados de las investigaciones en su contra, en la reforma electoral de 2007-2008 el Congreso resolvió crear la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, dotada de autonomía técnica y de gestión, a fin de evitar que por la marca partidista de los consejeros, éstos se vieran sujetos a la presión de sus patrocinadores.
Al frente de la Unidad fue nombrado, a propuesta del consejero presidente del IFE, Alfredo Cristalinas, quien entonces laboraba en el SAT en asuntos de inteligencia financiera. La designación fue impugnada por el PAN, que luego la aceptó. Cristalinas pasó la prueba del 2009; pero en 2012 el asunto Monex lo colocó en el ojo de la tormenta. Las investigaciones y conclusiones sobre el caso fueron avaladas por la mayoría de los consejeros electorales; apenas hace unos días, la Sala Superior del TEPJF confirmó, en lo fundamental, lo aprobado por el Consejo General del entonces IFE.
La reforma de 2014 privó a la Unidad de Fiscalización de autonomía y la volvió a subordinar a una comisión de consejeros; fue una vuelta al pasado. Desde mayo del año pasado quedó sellado el destino de su titular; pero por los juegos y acomodos dentro del INE, en el gobierno y los partidos, Cristalinas siguió como encargado del despacho.
Emitida la sentencia del Tribunal, en vez de reclamar a los magistrados electorales, que avalaron lo investigado por Cristalinas y la resolución del IFE, siete partidos, con PAN y PRD al frente, exigieron la renuncia del encargado del despacho, que obtuvieron el jueves pasado. La renuncia fue aceptada y el relevo se produjo para que los quejosos regresaran a la mesa; 4 de ellos lo hicieron el pasado domingo.
Critiqué la investigación del caso Monex, a la que faltó exhaustividad; pero sigo creyendo que la causa de lo causado es la ley, que hasta hoy tiene vacíos y contiene normas que permiten a los partidos maniobras para ocultar gastos, en especial de campaña.
El nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, carente de autonomía, deberá poner sus barbas a remojar… y tener lista su renuncia. Le espera la piedra de los sacrificios; si rechaza la presión de partidos o consejeros será criticado; cuando la acepte, otros exigirán su salida. Es destino manifiesto por el mal diseño constitucional, legal, reglamentario y operativo para la rendición de cuentas de los partidos, que es el origen del problema.
En 1999 propuse, sin éxito, que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizara a los partidos. Eduardo Gurza, nuevo responsable técnico de la fiscalización de partidos proviene de la ASF. Hay que desearle éxito en su compleja e inédita tarea.
There is no ads to display, Please add some
