La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, calificó como “históricos y sin precedentes”, los acuerdos reparatorios que la empresa Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA), propiedad del magnate Carlos Slim, ya logró con 80% de las 26 víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro ocurrido en junio del año pasado.
La fiscal no quiso dar detalles sobre las cantidades o mecanismo en el que las víctimas del accidente provocado por fallas estructurales y falta de mantenimiento en el tramo elevado de la ruta que corre por Avenida Tláhuac. Tampoco mencionó detalles sobre la responsabilidad penal que tiene la constructora en el caso y reconoció que las indemnizaciones se realizaron por “voluntad expresa”, así como para la reparación de los daños y que vuelva a operar en 2022.
En cambio, reconoció la voluntad de la constructora por reparar los daños de manera extrajudicial sin asumir alguna responsabilidad legal y, por cierto, mantiene sus contratos en la construcción del Tren Maya: “Reconocemos la voluntad expresa de CICSA para que, conociendo el estado procesal en el que se encuentra el caso, se han ofrecido a atender los daños causados a las víctimas”.
Agregó que “la decisión expresa por reparar la Línea 12 para su operación permitirá a los habitantes de la Ciudad de México usarla de forma segura y con ello, garantizar la no repetición”. Hasta el momento, la FGJ-CDMX solo ha señalado a 10 exfuncionarios, entre ellos, cinco exintegrantes del Proyecto Metro, como presuntos responsables de los delitos de Homicidio y Lesiones, así como daño patrimonial, todos dolosos, ninguno de ellos de alto nivel.
El mensaje de medios de Godoy Ramos no permitió preguntas de la prensa, mientras la fiscal reiteraba que eran acuerdos “históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”.
Agregó que los acuerdos con los deudos representan “un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”. Dichos acuerdos se realizaron “con base en los lineamientos que rigen el procedimiento penal en México”. Además, que son “planteamientos objetivos y apegados a la ley, así como al debido proceso, para lograr la protección de los derechos de las víctimas y ofendidos de manera integral”, luego de la tragedia.
De acuerdo con la Revista Proceso, la empresa CICSA habría ofrecido a las víctimas va de los 4.5 a los 6 millones de pesos, entregados a través del Banco Inbursa, perteneciente a Grupo Carso. Estas cantidades son para la reparación integral del daño, a cada una de las familias de las 26 personas fallecidas y a las decenas de víctimas con lesiones graves. A cambio se les pide no demandar por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía de Slim.
Por su parte, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad, (CEAVI), Armando Ocampo, aseguró que “no existen antecedentes, tanto a nivel nacional e internacional que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.
Sin embargo, varias de las víctimas que no han firmado el acuerdo están representadas, por dos despachos legales privados, cuyos abogados insisten en denunciar a la empresa constructora por las vías penal, civil y administrativa y no están de acuerdo con los acuerdos reparatorios, pues consideran que son insuficientes ante la dimensión del daño que les provocó el accidente.
«Eviten juicios desgastantes»
La fiscal capitalina, agradeció también la “disposición de la mayoría de las personas afectadas” por aceptar el acuerdo. Esto, mencionó, les ayudará a evitar juicios largos y desgastantes que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño.
Por ello, reiteró el llamado “respetuoso y fraterno a las personas que escucharon la propuesta, pero que decidieron no firmar, los invitamos a que se acerquen a la Fiscalía y, con ello, mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos”.
También agradeció la atención “expedita, humana y oportuna” que han dado servidores públicos del gobierno capitalino a las víctimas directas, en materia de salud, trámites administrativos y apoyos sociales, desde que ocurrió el suceso y reconoció la disposición y compromiso hacia las víctimas con la verdad justicia y el acceso a una justicia restaurativa respetando en todo momento los derechos humanos de las partes”.
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