La eliminación de contrapesos institucionales es ya uno de los mayores desafíos para el desarrollo de México. Allí donde las instituciones dejan de equilibrar al poder, surgen síntomas de disfuncionalidad: gasto ineficiente, desconfianza ciudadana, inseguridad y políticas públicas que se sostienen más por voluntad que por evidencia.
El caso de la reforma judicial en los estados es ilustrativo. La elección de más de mil jueces locales superó los 3,600 millones de pesos. Este tipo de procesos no fortalecen la justicia ni la confianza en el Estado. Revelan, en cambio, que los contrapesos internos —legislativos, administrativos, ciudadanos— se han debilitado.
Otro ejemplo es Pemex: el gasto público se orienta a rescatar una empresa sin exigirle resultados ni transparencia, mientras se reduce la inversión productiva y social. También es sintomática la elevada percepción de inseguridad que lleva a que cuatro de cada diez personas evitan salir de noche y dos de cada diez ya no visiten a sus familiares. En ese contexto de desconfianza, el Estado establece la CURP Biométrica obligatoria, en cuyo diseño no se plantea mitigar el riesgo de mal manejo de datos personales.
Lo decimos claro: un Estado funcional no se define por la fuerza del poder, sino por la solidez de sus límites.
