El debate en torno a las acusaciones de violación sexual contra el morenista Félix Salgado Macedonio debe ser de prioridad para la calificación política de Morena, pero esa nominación debería servir para exigirles a los partidos y candidatos posicionamientos claros respecto a la crisis de seguridad.
De las quince gubernaturas en disputa sobresalen once en estados marcados por la inseguridad y la violencia: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Y por la dimensión de los cargos hay que agregar las dieciséis alcaldías que se disputaran en Ciudad de México, ahora invavida por el narco, la violencia y la inseguridad urbana.
Salgado Macedonio fue alcalde de Acapulco en el periodo 2006-2008 y en esos años se asentaron organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico; fueron los años, también que atravesaron la gubernatura priísta de René Juárez Cisneros, hoy jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Y son años que registraron el repunte nacional de violencia criminal que decidió al presidente Calderón, a días de haber asumido el cargo, de lanzar la ofensiva policiaco-militar contra los cárteles del narcotráfico.
En este escenario, el tema del crimen organizado, la violencia criminal y los asesinatos de caciques en Acapulco y en todo el Estado debieran de ser el tema central de la discusión de personalidades que aspiran a cargos públicos: qué hicieron antes, qué no hicieron, por qué y qué proponen ahora. Sin esa rendición de cuentas como elemento esencial de la calidad de la democracia, la sociedad también sería corresponsable de la inseguridad en sus comunidades. La única manera de lograr eficacia gubernamental radica en poner a los candidatos, cuando buscan el voto, en el sillón de las confesiones para evaluar desempeños y no dejarse ir con popularidades prestadas o grupos de poder.
Por lo que se ve en las candidaturas con posibilidades de ganar, no existe una sociedad que comprometa su voto a resultados en seguridad, salud y desempleo, los candidatos eluden presentar diagnósticos sensatos y posibles soluciones y quieren llegar a cargos públicos por votos sobre agendas irrelevantes o electores cautivos.
En Salgado se están debatiendo acusaciones de violaciones sexuales que representan señalamientos graves, pero debieran de agregarse rendiciones de cuentas sobre el gobierno municipal en Acapulco y las razones de asentamiento de cárteles criminales. Y este reclamo se extiende a los propios medios que están potenciando más las acusaciones sexuales que revisando expedientes de los capos que tomaron el control de Acapulco y de Guerrero y las posibilidades de que sigan ahí y aprovechen sus experiencias del pasado.
Y además pedir propuestas concretas a Salgado Macedonio sobre el tema de acosos y agresiones sexuales, debiera de aumentarse la presión para que presente su propuesta de política de seguridad que no descanse de manera cómoda en la estrategia federal y en la presencia de la Guardia Nacional. Y lo mismo debiera de pedírsele a los candidatos a las alcaldías de Ciudad de México, donde el crimen organizado ha salido de sus madrigueras y opera con impunidad violenta en zonas de alto nivel socioeconómico.
Pero el reclamo también se extiende a la sociedad. ¿Por qué los colectivos sociales no han realizado diagnósticos de complicidades gubernamentales locales con el crimen organizado? ¿Por qué no han establecido un perímetro claro de debate sobre seguridad para analizar de manera crítica las propuestas de los aspirantes?
Ley de la Omertá
Ante la presencia de cárteles d dimensiones nacionales en Ciudad de México habrá que revisar la configuración del cártel capitalino más importante: La Unión Tepito. Ayuda mucho el libro El cártel chilango. Origen, poder y saña de la Unión Tepito, de Antonio Nieto (Editorial Grijalbo), en el que se rastrean los nombres, apellidos, responsabilidades y complicidades de una de las organizaciones criminales más importantes en la capital de la república.
El seguimiento que hace Nieto confirma sus planteamientos de que se trata de una verdadera estructura criminal que tiene el control del centro de la capital y brazos extendidos a otras alcaldías., Se trata de la zona dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, siempre botín económico de políticos que vienen desde el perredismo que tomo el control de la ciudad en 1997. Hoy la zona de Tepito es territorio comanche donde las autoridades no gobiernan y donde el crimen organizado tiene la administración política de negocios y personas.
Publicado apenas en noviembre de 2020 y en medio de restricciones de circulación por el confinamiento y la pandemia, de todos modos debe ser libro de seguimiento no solo sobre la existencia de un grupo delictivo, sino para ir entendiendo cómo nacen, se desarrollan y se expanden los brazos del crimen organizado ante la pasividad y/o complicidad de las autoridades.
Zona Zero
· El informe de seguridad sobre las cifras de enero de 2021, circulado la semana pasada, reporta en dato de que los homicidios dolosos han bajado, aunque se ha movido desde abril de 2019 en una banda de 2,600-3,000 al mes. La tendencia creciente desde enero de 2015 encontró en 2018 una meseta plana sin posibilidades de crear una disminución consistente.
· El otro dato importante de las cifras revela que seis estados concentran el 49.4% de los homicidios dolosos: Guanajuato (gobernado por el PAN), Baja California (PAN y ahora Morena), Jalisco (PRI y hoy Movimiento Ciudadano), Michoacán (entre PRI y PRD), Chihuahua (PRI y ahora PAN) y Estado de México (PRI, sin alternancia hasta ahora). Se trata de entidades con añejas presencias de bandas del crimen organizado y complacencias o ineficacias estatales. Y el hecho de estar ahora en manos opositores (con excepción de Estado de México) revela también la falta de una estrategia de seguridad alternativa al PRI.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
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