Con mi solidaridad a Juan Jacinto Silva.
El proceso para seleccionar a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a cargo del comité de evaluación formado por Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, está en curso. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la publicidad y transparencia seguida en el primer proceso de integración de esos reguladores.
Para ser comisionado, la Constitución señala que deberán presentar un examen de conocimientos y los promedios más altos aprobatorios serán los que integren la lista de hasta 7 posibles comisionados por cada vacante. De esa lista, el Presidente Enrique Peña Nieto seleccionará a quien le parezca mejor y el Senado lo ratificará. En 2013, el examen se elaboró en el momento, a partir de una base de reactivos. El proceso es complejo y, sin duda, mejor que el dedazo, pero nótese que la ética y el compromiso con el interés público está ausente de la evaluación.
Calificaciones. Las calificaciones del proceso 2013 fueron hechas públicas, pero referidas a un número de folio. Léase: nadie sabe quién sacó qué calificación. El asunto en la Corte tiene su origen en una solicitud de las calificaciones en el examen, cuando aún no existía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y la única referencia en la Constitución es que el procedimiento debe seguir los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. A pesar de ello, el comité negó transparentar qué persona había sacado qué calificación. La justificación ha sido que permitir el anonimato en las calificaciones hace que pueda haber más aspirantes y -dicen- que revelar las calificaciones podría dañar el honor de los aspirantes.
Después, la LFTR reflejó lo que pasó en el proceso 2013: negar el derecho a la información. La Corte en el caso que resolverá no tiene que tomar en cuenta la ley ni los usos y costumbres. Tan es así que el proyecto del ministro Silva Meza destaca que “el hecho de que otras instituciones no den a conocer cierta información resultante de los exámenes no significa per se que dicha práctica sea constitucional”. La sentencia de primera instancia señala que sólo se debe publicitar la calificación de los comisionados y la calificación y nombre de los que hayan aprobado.
En 2013, las calificaciones más altas no rebasaron el 8.9 y las listas fueron integradas con al menos 15 personas con calificaciones entre 6.0 y 6.9. Si se hubiera seguido la calificación aprobatoria que utiliza el Poder Judicial Federal de 8.0, únicamente habría habido 16 aspirantes para el IFT y la Cofece. ¿Tenemos los mexicanos derecho a saber la calificación de cada aspirante, de los que aprobaron, de los que integran las listas a comisionados o nada más de los comisionados ratificados por el Senado? Es claro que durante el proceso de selección puede ser información reservada, pero concluido este, ¿por qué? No hay derecho al honor que proteger, porque se trata de un asunto de interés público.
Examen. El comité de evaluación negó el acceso al examen de 2013 y sus respuestas argumentando un riesgo de iniquidad a futuro. Esto fue rechazado en primera instancia. Es evidente que no puede darse a conocer el examen y las respuestas antes de la evaluación, pero posteriormente ¿por qué se obliga a la sociedad a creer ciegamente y sin posibilidad de escrutinio? Aunque el comité pretendió negar un sustento jurídico para el escrutinio social, el proyecto del ministro Silva Meza destaca no sólo el fundamento constitucional de este, sino también la importancia de que la ciudadanía pueda tener las herramientas para una debida rendición de cuentas. No está a discusión, por ahora, si existe el derecho de acceder a la base de reactivos, pero lo que queda claro es que el artículo 14 de la LFTR puede ser inconstitucional aunque deba ser materia de otro juicio.
¿Quiénes? El perfil profesional viene encabezado por los de Derecho, seguidos por los de ingeniería y los economistas. En realidad, no importa la profesión, sino su compromiso con el interés público y el Estado de Derecho, porque cualquier comisionado está obligado a saber e informarse de todas las materias que convergen en los asuntos a tratar. De 97 aspirantes, sólo 10 son mujeres, de las cuales 5 buscan ingresar tanto a la Cofece como al IFT, 5 más a la Cofece y ninguna mujer aspira únicamente al IFT.
Nuevas tecnologías. El 6 de octubre se presenta el libro “Derecho de las Nuevas Tecnologías”, de Vanessa Díaz y Ernesto Villanueva, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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