miércoles, marzo 4, 2026
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El Mencho y la reforma electoral

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A estas alturas es verdad de Perogrullo: no basta descabezar a los cárteles. Mucho se ha escrito sobre el aumento de la violencia generada por la lucha de quienes buscan reemplazar al líder y por las perniciosas dinámicas locales de organizaciones fragmentadas; no voy a ahondar en ello. Me interesa señalar otro enfoque, el cual responda a la experiencia acumulada, trascienda el cortoplacismo y nos permita vislumbrar la posibilidad de rescatar al país de las garras del crimen organizado. Parte de una apremiante e ineludible necesidad: depurar al Estado.

Los cárteles se han empoderado como nunca, tanto en términos económicos como políticos y territoriales. Los “abrazos, no balazos” de López Obrador fueron un laissez-faire, laissez-passer (dejar hacer, dejar pasar) que permitió a las organizaciones criminales acumular ingentes recursos, extenderse y diversificarse a sus anchas porque, además, les abrieron la puerta electoral, lo que incrementó exponencialmente su influencia en los tres órdenes de gobierno. Amor con amor se paga.

Cierto que el fenómeno no nació con el obradorato, pero tuvo un salto cualitativo en las elecciones de 2021 y, de manera particularmente grosera, en los estados del Pacífico. No solo financiaron campañas, también bajaron candidatos con violencia homicida o amenazas y operaron casillas el día de las votaciones, llegando hasta el secuestro de representantes y operadores de partidos distintos al oficial.

Mucho de eso se documentó, los comicios en algunos municipios fueron anulados y aunque el Tribunal Electoral no se animó a revertir ningún triunfo importante del oficialismo y enfrentar la ira presidencial, se presentaron sendas denuncias en la OEA. En 2024, treinta políticos fueron asesinados en el marco del proceso electoral y renunciaron más de siete mil doscientos candidatos por amenazas.

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El alcalde morenista de Tequila trabajaba para el Mencho. Debía entregarle 80 millones de pesos al año y extorsionaba empresarios y comerciantes con la policía municipal. No es algo excepcional, estamos hablando de una circunstancia que se repite a lo largo del país. El Cártel Jalisco es una organización trasnacional con presencia en cuatro continentes, la cual respondió al abatimiento de su líder en 22 estados sembrando terror, causando decenas de bajas a la militarizada Guardia Nacional, bloqueando carreteras con vehículos incendiados, liberando presos y quemando tiendas, Bancos del Bienestar y hasta gasolineras.

Hoy solo puede hacerles frente la fuerza militar, pues se abandonó a las policías civiles. Pero únicamente con ella no se va a ganar la guerra, debiera ser lección aprendida. Y, otro detalle, el empoderamiento castrense, otorgado mientras se abrazaba con cálculos electorales a criminales, aumentó la exposición de las Fuerzas Armadas a la corrupción y el contubernio, al grado de que importantes mandos se involucraron en la ilegal industria del huachicol fiscal, operado desde altas esferas del poder público con apoyo logístico de cárteles.

Ninguna de las propuestas de reforma electoral de Claudia Sheinbaum atiende el problema de la participación del crimen organizado en las elecciones. Desde hace años se insiste en la importancia de ir por los recursos de la delincuencia, detectar redes de lavado y congelar cuentas; pero los logros han sido magros. En ese mismo sentido sería importante cambiar la política de drogas y revisar alternativas sobre cada sustancia ilegal para reducir daños y quitarle mercados lucrativos al crimen. Sin embargo, en los tres años que le quedan a Donald Trump se ve complicado y no se diga en México donde llegaron al absurdo de prohibir hasta los vapeadores.

Queda lo más importante: separar al Estado de los criminales. Hoy está infestado de arriba a abajo y, mientras eso no se resuelva, los logros serán limitados y no se podrá salir del pantano. Las nóminas publicadas del Mencho muestran que ni las fuerzas de élite están a salvo; y la crisis en Sinaloa que hay gobernantes que son parte del problema. Se debe poner en la mesa la necesidad de realizar maxiprocesos con respaldo internacional, como se llevaron a cabo en Italia y Colombia. Comencemos por limpiar la casa.

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