Se otorga al ciudadano una herramienta para exigir transparencia en el ejercicio gubernamental.
La Cámara de Diputados aprobó con 364 votos en favor modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, con objeto de permitir al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) aplicar mecanismos que faciliten el acceso y reutilización de los datos publicados, así como su identificación y localización.
Los legisladores también modificaron las leyes sobre los Refugiados y Protección Complementaria y de Migración que regulará el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de condición de refugiado y el consentimiento de protección complementaria.
Se determinarán bases de atención a los solicitantes, contemplándose nuevas medidas de asistencia que beneficien a los asilados y refugiados que se encuentren en territorio mexicano.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eloy Cantú (Partido Revolucionario Institucional), adujo que con esto se pretende subsanar la insuficiencia jurídica que se registra en la legislación secundaria en materia de asilo. De tal forma, se incorporarán a la norma preceptos como las definiciones de asilo político, asilado, refugio y representación.
En lo que se refiere al tema de acceso a la información, la adición aplicada a la Ley Federal de Transparencia otorga a los ciudadanos una herramienta -hasta ahora inexistente- para exigir transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental y dar respuestas oportunas a las demandas de los solicitantes, facilitando la relación entre ambos.
Con ello se pretende empatar el avance en los procesos tecnológicos y la facilidad que esto implica para acercar a los ciudadanos y propiciar la información oportuna en cualquier lugar con acceso a Internet.
En los trabajos en el pleno cameral, el diputado por el Partido Acción Nacional Heberto Neblina entregó una iniciativa para presentar la Ley General de Equilibrio Ecológico, la de Protección al Ambiente y la Minera. Pretende, en su argumentación, definir la actividad minera como altamente riesgosa debido a las sustancias que se utilizan en los diferentes procesos, y por la vulnerabilidad que representa el manejo de tales residuos.
En la propuesta se contempla exigir, antes del otorgamiento de un título de concesión el pago de seguros o garantías que sirvan para cubrir, reparar o resarcir las afectaciones y daños al medio ambiente que se deriven de continencias y accidentes de la actividad minera. El texto fue turnado por la mesa directiva, para su revisión, a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Economía.
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